31/08/2017
TEGUCIGALPA, 30 de agosto de 2017 – En el
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en
Honduras reafirma su completa solidaridad y apoyo con las víctimas de
desapariciones forzadas, con sus familiares y con todas aquellas personas que
les acompañan en su lucha por la verdad y la justicia.
OACNUDH Honduras reconoce los avances normativos del Estado de Honduras en la
ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas Contra las Desapariciones Forzadas y la aceptación de la competencia
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que permite la
activación de este mecanismo ante la posible existencia de una desaparición
forzada.
De igual manera, la Oficina considera central y positivo que se haya tipificado
el delito de desaparición forzada como un delito autónomo desde el año 2012 e
incluido como delito de lesa humanidad en el actual Proyecto de Código Penal.
La Oficina también valora que a nivel institucional, la creación de una unidad
especial en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para la investigación y
persecución de casos de desapariciones forzadas representa un avance
significativo.
Sin embargo, OACNUDH Honduras considera preocupante que en el 2016, el Estado
de Honduras haya informado al Comité contra las Desapariciones
Forzadas que desde el año 2010, “el Ministerio Público reporta 54 denuncias de
desapariciones a nivel nacional. Todos estos casos se encuentran en
investigación y por lo tanto no se ha podido determinar con certeza la
identidad y condición de los presuntos autores”.
Asimismo, OACNUDH Honduras comparte el señalamiento del Comité de Derechos
Humanos en susObservaciones Finales al Estado de Honduras de 2017, en el
cual expresa su preocupación por “la impunidad de dichos presuntos crímenes,
incluyendo las alegaciones que relacionan la impunidad con la corrupción en las
fuerzas del orden”.
OACNUDH Honduras considera central la adopción de una política institucional
que priorice la investigación de las desapariciones acaecidas en el período de
1980-1993, durante el cual se contabilizaron aproximadamente 184 casos de
personas desaparecidas, según el Informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH). Es absolutamente importante que el Estado intensifique sus
esfuerzos para asegurar que se investiguen todos los casos de desapariciones
forzadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y que los responsables sean
enjuiciados y sancionados.
OACNUDH Honduras insiste en que la persecución penal de las desapariciones
forzadas puede ser ejercida en cualquier momento sin limitaciones de tiempo en
virtud de la imprescriptibilidad de dicho delito y subraya la obligación
permanente del Estado de investigar y enjuiciar a las personas responsables,
así como en poner en marcha el Programa Nacional de Reparaciones establecido
mediante el decreto ejecutivo PCM-028-2008.
En los casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos como son las
desapariciones forzadas, la Representante de País de OACNUDH Honduras, María
Soledad Pazo, resaltó el derecho de las víctimas y sus familiares a la
verdad.
“El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los
actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las
circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su
motivación. Es prohibido olvidar. A la luz de sus obligaciones internacionales,
el Estado debe buscar a las personas desaparecidas y garantizar que las
víctimas reciban reparación integral y sepan la verdad”, apuntó la
representante.
OACNUDH Honduras continuará sus esfuerzos por apoyar al Estado en la prevención
de las desapariciones forzadas y en la atención pronta e integral de las
víctimas, incluyendo su derecho a la verdad.
Asimismo, la Oficina reitera su disposición total para brindar la asistencia
técnica que contribuya a recopilar eficientemente los datos estadísticos sobre
estos casos, fortalecer la investigación, persecución y sanción de estas graves
violaciones de derechos humanos y acompañar al Estado en su compromiso por
poner un fin a las desapariciones forzadas en el territorio nacional.
