Jueves 13 de julio de 2017
(CNN Español) - En Brasil Lula Da Silva fue
condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. En Perú
piden prisión para Ollanta Humala y su esposa. En Guatemala Otto Pérez Molina
está tras las rejas.
Estas son solo algunas de la serie de sentencias que
en los últimos años han involucrado a presidentes de América Latina.
Mira aquí una lista de exmandatarios acusados,
condenados, presos o con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición
o prófugos de la justicia por casos de corrupción.
No aparecen otros expresidentes o presidentes en
funciones que actualmente están siendo investigados por delitos de ese tipo,
pero sobre quienes aún la justicia no se ha pronunciado de manera definitiva.
BRASIL
En el caso de Lula da Silva, el expresidente de Brasil
fue declarado culpable de corrupción y blanqueo de dinero en una sentencia del
juez Sergio Moro, por un caso que se centra en un lujoso apartamento de tres
pisos que supuestamente una compañía constructora le dio a Lula como soborno.
Es la primera vez que un expresidente brasileño es
condenado por corrupción en un juicio penal. Sin embargo, Lula podrá apelar
esta sentencia en libertad, según especificó el juez Moro en su escrito.
Si el exmandatario es condenado en segunda instancia,
tendrá que ingresar a una prisión y quedará automáticamente inhabilitado para
aspirar a un cargo público. Lula da Silva pretendía presentarse como candidato
a las elecciones presidenciales de 2018.
Esta es la primera sentencia de cinco procesos judiciales que
Lula tiene abiertos en Brasil. En los otros cuatro enfrenta acusaciones de
corrupción, blanqueo de capitales, trafico de influencias, obstrucción a la
justicia y organización delictiva.
PERÚ
Este jueves un juez ordenó prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y
su esposa y exprimera dama Nadine Heredia.
Los acusan de haber recibido 3 millones de dólares de
la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Humala en el
2011.
Tras escuchar los alegatos del fiscal que investiga a
los Humala por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir,
el juez dictó prisión preventiva por 18 meses para los esposos Humala.
Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht a
autoridades brasileñas, representantes de la constructora se habrían reunido
con Humala y su esposa Nadine Heredia. El expresidente, quien defiende su
inocencia y la de su esposa, si aceptó haberse reunido con varios grupos
empresariales, pero niega haber recibido dinero por parte de Odebrecht.
Pero Humala no es el único expresidente de Perú en
problemas con la justicia. El pasado 17 de abril, el juez peruano Mario Guerra ordenó 18
meses de prisión preventiva para el exmandatario Alejandro Toledo y su esposa,
Eliane Karp, como parte de las investigaciones por el caso Ecoteva. Toledo
ya tenía una orden de detención preventiva en su contra por supuestamente haber
recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso en el
que es acusado de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Toledo permanece en Estados Unidos, país que a
comienzos de este año recibió por parte de las autoridades peruanas la
solicitud de prisión preventiva para el expresidente con fines de extradición
por el caso Odebrecht. Siempre ha negado las acusaciones en su contra, dice que no es
un fugitivo de la justicia y que los dos procesos que enfrenta están
llenos de irregularidades y se trata de una persecución política.
En una entrevista exclusiva con Patricia Janiot de CNN
en Español, emitida el 28 de mayo pasado, Toledo afirmó que no tiene nada que
ver con las acusaciones en su contra y dijo que no entrará a la cárcel sin que
antes escuchen su versión.
PANAMÁ
El 7 de julio pasado, un juez federal estadounidense
decidió que no concederá libertad bajo fianza al expresidente de Panamá Ricardo
Martinelli, mientras estudia la solicitud de extradición presentada por Panamá,
pues considera que podría fugarse.
Martinelli fue detenido el 12 de junio pasado en Miami
y tiene una audiencia programada en esa ciudad para el próximo 25 de julio.
A Martinelli se le investiga en Panamá, entre otras cosas, por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno.
Las supuestas escuchas ilegales habrían sido a más de 150 personas durante
su mandato entre el 2009 y 2014.
Casi un año después, a finales de julio del
2016, Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron
ligados a un proceso penal por los delitos de cohecho pasivo y lavado
de dinero.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusa de
dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado guatemalteco entre 2012 y
2015. La red ha sido denominada "cooptación del Estado" y la integran
medio centenar de miembros.
Pérez Molina fue acusado de administrar el equivalente
a casi 38 millones de dólares por comisiones ilícitas cobradas a
contratistas. El expresidente siempre ha negado los cargos.
La exvicepresidenta Baldetti, que renunció a su cargo en mayo
del 2015 y está presa desde entonces en la cárcel de Santa Teresa por supuestos
actos de corrupción, aceptó el 15 de junio del 2017 ser extraditada a
Estados Unidos, donde se le abrió un proceso en la Corte del Distrito de
Columbia, en Washington, por los delitos de “asociación delictuosa y
conspiración para el tráfico de drogas”.
El pasado 7 de junio, el Ministerio Público de Guatemala confirmó que recibió
la solicitud de extradición por parte de EE.UU. El pedido responde a
que, según un testigo en territorio estadounidense, Baldetti ha tenido nexos
con el grupo narcotraficante mexicano ‘Los Zetas’. Exactamente, el cargo que se le imputa a Baldetti es “conspiración para
distribuir cinco o más kilogramos de cocaína para importar a Estados
Unidos”.
En una declaración proporcionada a CNN por su abogado,
Baldetti dijo que es inocente y negó haber participado "antes ni después
de ser vicepresidenta" en los delitos que se le acusan.
EL SALVADOR
Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 1999
y 2004, falleció el 30 de enero del 2016 a los 56 años. En diciembre del 2015, fue enviado a juicio por peculado,
lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Flores estaba bajo arresto
domiciliario desde octubre del 2014 y pasó en ese momento a estar recluido en
una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El
Salvador.
Se le acusaba de haberse quedarse con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de
dólares, que estaban destinados a proyectos de lucha contra la pobreza y
ayuda a afectados por terremotos en El Salvador.
El exmandatario siempre se declaró inocente de los
cargos en su contra. Hace pocas semanas, en junio pasado, la Unidad de
Extinción de Dominio de la Fiscalía de El Salvador inició el embargo de nueve
propiedades de Flores, quien cuando murió no había recibido todavía una
sentencia. La familia de Flores se ha defendido diciendo que las fincas,
terrenos y casas embargadas son bienes heredados y no adquiridos por
Flores durante su mandato.
El otro caso que involucra a El Salvador es el
de Elías Antonio Saca, presidente entre el 2004 y el 2009 y quien
fue detenido en octubre del 2016 por orden de la Fiscalía General
junto con otras seis personas, por presunta corrupción.
Saca está acusado de peculado, agrupación ilícita y
lavado de dinero. Su abogada ha dicho que él está confiado en salir bien
librado de esta acusación. Saca ya enfrentaba desde comienzos del 2016 una
investigación por presunto enriquecimiento ilícito, porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de
dólares.
HONDURAS
El 28 de marzo del 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) se
declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf
cuando dirigía el futbol de su país.
Callejas admitió su culpabilidad por cargos de crimen
organizado y fraude electrónico.
El también expresidente de la Federación
Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015 es uno de los 42 individuos a
quienes se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en supuestos
sobornos a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios
eventos futbolísticos.
La pena máxima que podría afrontar Callejas es de 20
años de cárcel.
