Miércoles 24 de mayo de
2017
CARACAS (AP) -- La fiscal
general de Venezuela abrió siete investigaciones el miércoles por los civiles
detenidos que son juzgados por tribunales militares, al tiempo que la cifra de
muertos en las persistentes manifestaciones antigubernamentales aumentó a 56
tras fallecer un estudiante de un disparo en la cabeza.
Luisa Ortega Díaz dio un
nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los juicios militares,
que aseguró son anticonstitucionales, y cuestionó las acciones de las fuerzas
de seguridad en el control de las protestas. Diversas organizaciones
humanitarias acusan al gobierno de violar tratados internacionales y la
Constitución por la forma en que ha manejado las manifestaciones.
El presidente Nicolás
Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra
civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a
la oposición de asesinar a algunos manifestantes con el fin de alentar las
protestas.
En una conferencia de
prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un
disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, en un
desmentido a la versión del gobierno de que manifestantes opositores asesinaron
al joven con una pistola de perno. El universitario de 20 años murió el 27 de
abril de un balazo en el pecho durante una protesta en los alrededores de la
Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
Por otro lado, el
estudiante Augusto Pugas, de 22 años, falleció el miércoles en la sureña Ciudad
Bolívar tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en la
Universidad de Oriente, confirmó la Fiscalía en un comunicado, con lo que la
cifra de fallecidos en las protestas recientes aumentó a 56.
Ortega Díaz manifestó
preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos a manos de las fuerzas
de seguridad, y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control
y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.
El Ministerio Público
imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e
inhumano, uso indebido de arma, privación ilegítima de libertad y violación de
domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.
Horas después, en una
declaración televisada, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general
Néstor Reverol, expresó su inconformidad con el desempeño de la Fiscalía
durante las protestas, al afirmar que ha propiciado ?un clima de impunidad?,
particularmente al desestimar ?todas las actuaciones policiales? en algunos
casos, pese a que las capturas de sospechosos se registraron en el momento de
estarse cometiendo un delito.
Reverol, sin dar
detalles, comentó que la Fiscalía "no ha garantizado la correcta
aplicación de la justicia" en ciertos casos y ha llegado incluso a
?precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio
de honorables instituciones como es la Fuerza Armada". La verdad sobre los
hechos "se impondrá en los tribunales", afirmó.
A fines de marzo Ortega
Díaz se distanció del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo
de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que
en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.
En tanto, varios miles de
opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la
decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la
elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por
Maduro.
Cientos de policías con
equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban
avanzar hacia la sede de dicho Consejo, en el centro de Caracas. Un grupo de
inconformes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por
guardias nacionales con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua.
La Sala Constitucional
del máximo tribunal del país ordenó el miércoles a los alcaldes de ocho
municipios de la región capital, así como de los estados Miranda y Mérida,
tomar acciones para evitar que los manifestantes coloquen barricadas en las
calles y alteren el orden público. La decisión afecta a los municipios
capitalinos de Chacao, Baruta y el Hatillo, que han sido epicentro de las
protestas en los últimos dos meses.
Durante las
manifestaciones del 2014, el Tribunal Supremo tomó una medida similar contra
dos alcaldes de los estados Carabobo y Táchira, los cuales fueron detenidos y destituidos
de sus cargos bajo el alegato de que desacataron la orden de levantar las
barricadas.
El mandatario entregó el
martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540
miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que
según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a
realizar elecciones universales, directas y secretas.
El Consejo, señalado de
estar controlado por el gobierno, aprobó en cuestión de horas la propuesta de
Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones de los miembros de
la Asamblea Constituyente que se encargarán de redactar la nueva carta magna,
la cual reemplazará a la que está vigente desde 1999.
