Miércoles 24 de mayo de
2017
SAN SALVADOR (AP) -- Un
juez de El Salvador condenó a 390 años de cárcel a cada uno de los siete
pandilleros que asesinaron a once trabajadores en 2016.
Los miembros de la
pandilla Barrio 18 fueron condenados el miércoles a 35 años de cárcel por cada
uno de los homicidios y cinco más por el delito de agrupaciones ilícitas,
sumando 390 años de prisión. Sin embargo, la legislación salvadoreña determina
que la pena máxima a cumplir es 60 años.
Los imputados no
asistieron al juicio en la capital salvadoreña pero participaron desde las
cárceles donde están por medio de video conferencia.
En octubre de 2016, un
juzgado de menores declaró responsables penalmente a dos adolescentes por
participar en la misma matanza y les impuso cinco y 15 años de internamiento,
los cuales cumplen en un centro de menores.
En su declaración, uno de
los imputados declaró que no planearon la matanza. Los pandilleros del Barrio
18 llegaron a la zona para matar a miembros de la pandilla rival de la Mara
Salvatrucha (MS 13), que supuestamente habían matado a miembros de su
agrupación, pero se encontraron con los trabajadores y terminaron asesinándolos
para no dejar testigos.
La matanza ocurrió el 3
de marzo de 2016, en el cantón Agua Escondida del municipio San Juan Opico, a
43 kilómetros al noreste de la capital, cuando ocho trabajadores de una empresa
eléctrica llegaron al lugar para colocar postes para el tendido eléctrico de la
zona. Para unos, éste era el primer día de trabajo y encontraron la muerte.
Los pandilleros que
andaban en busca de sus enemigos de la Mara Salvatrucha, primero se toparon con
tres campesinos, a los que tiraron al suelo boca abajo y amarraron de las manos.
Después sometieron a los ocho trabajadores. Asesinaron a diez con armas de
fuego y otro con arma blanca.
Semanas después de la
matanza, circuló un video en redes sociales en el que se podía observar que los
trabajadores estaban tirados boca abajo cuando uno de los delincuentes, con
machete en mano, decapitó a una de las víctimas.
La matanza estremeció al
país y el gobierno puso en marcha una serie de medidas extraordinarias que
arrancaron al decretar estado de emergencia en varias cárceles y aislaron a los
cabecillas de estos grupos criminales.
Días después, la Asamblea
Legislativa aprobó un paquete de medidas extraordinarias que afectan el sistema
penitenciario y autorizó a las autoridades para someter a aislamientos severos
a estos criminales. También le otorgó mayores facultades al gobierno para
evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales y se aprobaron
medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de
bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.
Las autoridades dicen que
las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones
donde se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.
También desplegó un
contingente de militares y policías de las fuerzas elites para buscar y
desmantelar los grupos de pandillas que se han desplazado a las zonas rurales.
