Lunes 13 de octubre de 2014 – 03:00 PM
Tegucigalpa, Honduras - El Congreso Nacional logró
que el Poder Ejecutivo asigne una partida de seis millones de lempiras dentro
del Presupuesto General de 2015, que servirán para financiar la Ley de
Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia.
Ante los recientes acontecimientos ocurridos el
viernes en San Pedro Sula, donde las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia
Eufragio perdieron la vida violetamente a manos de sicarios, la Cámara
Legislativa se apresta a continuar en las sesiones de esta semana, la discusión
de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a fin de que la normativa
pueda ser aplicable al obtener el respaldo presupuestario.
Los miembros de la comisión ordinaria de justicia y
derechos humanos, encargada de dictaminar el anteproyecto de ley enviado por el
mismo Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, habían argumentado que el proyecto de decreto
se había detenido debido a que en el proyecto de Presupuesto General de la
República para 2015, no se había incluido una partida para que la ley sea
aplicable y se estaba esperando una respuesta de la Secretaría de Finanzas al
respecto.
No obstante, la ley tuvo un amplio proceso de
socialización con organizaciones gremiales como el Colegio de Abogados de
Honduras (CAH), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociación de Prensa
Hondureña (APH), organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de
derechos humanos, asociaciones de jueces y magistrados, la Asociación de
Fiscales del Ministerio Público, subsecretaría de Derechos Humanos,
representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entre otros.
El presidente de la comisión dictaminadora, diputado
Yuri Sabas, indicó que los aportes que hicieron esas organizaciones son muy
puntuales y ayudarán a construir un instrumento positivo y con todos esos
insumos, se ha elaborado un proyecto de ley que ahora sólo se espera sea
aplicable para que sea efectiva.
Los 71 artículos que contiene el anteproyecto de ley
ya fueron aprobados en su primer debate y la misma está fundamentada en la
Constitución de la República y la normativa internacional de derechos humanos,
se basa en los principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación,
concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención,
temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y
respeto.
Los demás capítulos y artículos se refieren a las
actividades y resoluciones del Consejo Nacional de Protección, cuyos miembros
actuarán ad honoren y los gastos en los que incurran serán cubiertos por el
sector al que representan mediante las previsiones presupuestarias
correspondientes.
Asimismo, se refiere a las atribuciones de la
Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales
que formará parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización y que recibirá las denuncias y hará los análisis del riesgo
de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia.
En el articulado también se habla de las medidas
preventivas y medidas urgentes de protección previo dictamen favorable, las que
serán coordinadas con la Unidad de Protección de Personas de la Secretaría de
Seguridad.
Las organizaciones de derechos humanos, de la
defensa pública o en su defecto de los consultorios jurídicos gratuitos de las
universidades públicas y privadas del país, podrán remitir los casos que
llegaran a su conocimiento ante la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de
Riesgo y Reacción Inmediata y solicitar apoyo técnico y jurídico de manera
gratuita o de toda persona que lo solicite para tramitación de cualquier
petición en el marco de la ley.
La ley también contempla que la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a través de la
Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales
y la Secretaría de Seguridad, podrán celebrar convenios de cooperación a fin de
lograr el objetivo de garantizar la vida, la libertad y seguridad de los
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia.
