Martes 14 de octubre de 2014 – 02:30 PM
Tegucigalpa, Honduras - El Congreso Nacional impulsa
tres iniciativas de ley, dos de las cuales entrarán a debate en las sesiones
ordinarias de esta semana y una sobre la cual se espera una opinión de parte de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, en las sesiones de esta semana, se
discutirá una reforma a la Ley de Protección a Altos Funcionarios del Estado y
Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia, encaminadas a proteger a los actores de la
lucha contra el crimen organizado en el país,
Mientras tanto, se espera una opinión del Poder
Judicial para discutir y aprobar una reforma al Código Penal encaminada a
calificar como terroristas a quienes atenten contra los operadores de justicia
imponiéndoles una pena que va de 30 a 40 años de reclusión.
Así lo informaron este martes el primer secretario
del Congreso Nacional, Mario Pérez y el presidente de la comisión ordinaria de
seguridad y prevención ciudadana, José Tomás Zambrano, luego de sostener una
reunión de la junta directiva de la Cámara Legislativa.
Se va a reactivar en el Congreso Nacional una
reforma a la Ley de Protección de Altos Funcionarios Públicos del Estado,
primero para incluir en esa reforma a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), que por un error de transcripción, quedaron fuera del decreto
original, explicó Pérez.
Añadió que en segundo lugar, la reunión también fue
“para dejar bien claro que jueces y fiscales que combaten el crimen organizado,
sean parte de esa ley y aunque ya están ahí, la idea es dejarlo más claro,
indicó Pérez quien añadió que igualmente establecer la fuente de financiamiento
para esa protección que el Estado está obligado a dar a esos funcionarios
públicos”.
Añadió que otro tema que se reactivará en las
sesiones del pleno de esta semana en su tercer debate es el anteproyecto de Ley
de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia.
“Se han hecho ya algunas enmiendas que tienen que
ver con algunos temas en donde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y
otros actores involucrados pidieron más tiempo para revisarlo y hoy hemos
hablado con el presidente de la comisión ordinaria de justicia y derecho
humanos, el diputado Yuri Sabas y nos ha dicho que está listo por lo cual vamos
a empezar la discusión del tercer debate de esa iniciativa de ley”, indicó.
Por otro lado, que se ha enviado a la Corte Suprema
de Justicia, un proyecto de reforma al Código Penal para conocer su opinión a
fin de calificar como terrorista a todo aquel que atente contra un operador de
justicia.
Aclaró que tal como lo establece la Constitución de
la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esa reforma no se puede
discutir hasta que no se tenga la opinión del más alto tribunal de justicia del
país.
Pérez anunció que en horas de la tarde de este
martes se tiene programada una reunión entre directivos del Colegio de Abogados
de Honduras (CAH) y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y los
jefes de bancada, para tocar algunos temas que tienen que ver con reformas
legales a fin de darle más protección a los abogados que también coadyuvan en
la operación de justicia del país.
Por su parte, el presidente de la comisión ordinaria
de seguridad, José Tomás Zambrano, detalló que existen tres iniciativas, dos de
las cuales se van a retomar esta semana en el Congreso Nacional: la reforma a
la Ley de Protección a Altos Funcionarios del Estado, donde se incluye a los
magistrados de la CSJ que están conociendo los casos de extradición donde se
pone en riesgo la vida de ellos y de sus familias e igualmente se va a quedar
claro en la protección por parte del Estado a los fiscales y jueces con
jurisdicción nacional que están conociendo causas de crimen organizado y
delitos de alto impacto para que el Estado les pueda dar la protección debida
en el desempeño y en el trayecto de su vida.
Agregó que la otra iniciativa que se discutirá esta
semana, es el anteproyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que ha
sido sumamente consensuada.
Aseveró que esas dos iniciativas cuentan con el
acompañamiento de los 128 diputados de los partidos políticos representados en
el Congreso Nacional.
Señaló que el proyecto de reforma al Código Penal,
presentado por el presidente de la comisión de defensa y soberanía, David
Chávez, sobre el cual se está esperando la opinión de la CSJ, está orientado a
elevar las penas en los delitos de homicidio cuando se cometa contra un fiscal,
un juez o un policía.
Detalló que actualmente el delito de homicidio
simple contempla una pena de 15 a 20 años de cárcel, pero en el proyecto si se
cometiera contra un fiscal, un juez o un policía, la pena sería de 30 a 40 años
de reclusión.
Zambrano subrayó que esas reformas son
complementarias a leyes que ya existen por lo que pidió a la CSJ y al
Ministerio Público, que pongan en práctica la figura de los jueces y fiscales
virtuales.
Añadió que también se cuenta con la Ley de
Protección a Altos Funcionarios del Estado donde ya están incluidas las figuras
de jueces y fiscales, pero si al final hay que aclarar algunos conceptos se va
a hacer, pero lo importante es que ya hay muchas herramientas para ser
utilizadas.
Respecto a la Ley de Protección a Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,
indicó que existe una opinión favorable de parte de la Secretaría de Finanzas
que ha determinado que hay de manera inmediata un fondo de seis millones de
lempiras para hacer operativa la ley e igualmente, en la aprobación del
Presupuesto General de la República, se establecerá que del mismo presupuesto
de las instituciones se tendrá que dejar un porcentaje que servirá para la
protección y defensa de los operadores de justicia, periodistas, comunicadores
sociales y defensores de derechos humanos.
Asimismo, se ha conversado con los miembros del
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ahora se espera el visto bueno del
mismo para que puedan respaldar la ejecución de la ley mediante recursos
provenientes de la Tasa de Seguridad y de los bienes incautados.
