Las restricciones de movimientos provocadas por la COVID-19 han llevado a la cancelación sin fecha de las vistas orales por un litigio fronterizo entre Venezuela y Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el retraso del juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala.
El alto tribunal de la ONU ha suspendido su actividad pública y todos los viajes oficiales de sus miembros como mínimo hasta el 16 de abril, dijo hoy a Efe una fuente del tribunal.
La corte estudia posponer esa fecha ya que Países Bajos, donde se encuentra la sede del tribunal, ha extendido las medidas tomadas contra la propagación del coronavirus hasta el 28 de abril.
EL LITIGIO PENDIENTE DE GUYANA Y VENEZUELA
Las vistas entre Venezuela y Guyana estaban previstas entre el 23 y el 27 de marzo y tenían como objetivo escuchar los argumentos de ambos países respecto a si la CIJ tiene jurisdicción para resolver el litigio fronterizo en la región del Esequibo, en cuyas aguas adyacentes se han descubierto yacimientos de petróleo.
El asunto ha llegado al alto tribunal de la ONU a petición de Guyana, que en la fase de alegaciones escritas pidió a la corte que se declare competente.
Caracas, por su parte, está en contra de la intervención del tribunal y defiende que el asunto se resuelva bilateralmente.
La región en disputa, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados.
La petrolera estadounidense Exxon Mobil, con presencia en Guyana desde 2008, ha ofrecido a las autoridades del país anglohablante 20 millones de dólares para sufragar los gastos del juicio.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el subsuelo de las aguas en disputa se encuentra la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar.
EL PROCESO ENTRE CHILE Y BOLIVIA, TAMBIÉN ATRASADO
Otro litigio retrasado por la crisis del COVID-19 es el que enfrenta a Chile y Bolivia por las aguas del Silala.
Se calculaba que el juicio comenzaría en el primer trimestre de 2020, pero fuentes diplomáticas consultadas por Efe estiman que las vistas orales se atrasarán, como mínimo, hasta el segundo semestre del año.
Además de la pandemia, otros factores han contribuido a aplazar el litigio latinoamericano, como las vistas convocadas de manera urgente a finales de 2019 en la CIJ por un caso entre Gambia y Myanmar, en el que el alto tribunal de la ONU ordenó medidas cautelares para proteger a la población rohinyá afincada en el país asiático.
Chile decidió llevar el asunto del Silala al tribunal de La Haya en 2016. Denunció al país vecino para impedir que La Paz detuviera el flujo de este cauce de agua hacia su frontera y le pidió a la CIJ que declarase que el reparto del recurso natural debe hacerse" de forma equitativa y razonable", según el pliego de la demanda.
La Paz contestó con tres contrademandas en agosto de 2018 al considerar que las aguas del Silala fueron canalizadas hacia la frontera debido a unas obras hechas por una empresa chilena de ferrocarriles en los años 20 del siglo XX.
Santiago rechaza tajantemente esta versión, pues asegura que las aguas fluyen hacia su territorio de forma natural por la pendiente del terreno y argumenta que las citadas obras se hicieron con permiso del Gobierno boliviano para evitar la contaminación del Silala.
No obstante, la disputa dio un vuelvo el pasado febrero cuando la Cancillería boliviana aseguró que el anterior Gobierno de Evo Morales admitió, en la fase escrita del proceso, que parte de las aguas en disputa discurren hacia su vecino naturalmente.
La noticia fue recibida con alegría desde Chile, mientras que diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales calificaron el comunicado de electoralista, pues el país tiene prevista este año la celebración de elecciones presidenciales.
David Morales Urbaneja
.jpg)