En el marco del proceso iniciado el 24 de agosto por la Comisión Especial Multipartidaria, integrada por diputados al Congreso Nacional de la República con la finalidad de llevar a cabo la selección y nombramiento de los funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), y a fin de evitar las crisis postelectorales que a lo largo de los últimos procesos comiciales se han generado, con lamentables pérdidas de vidas humanas, una enraizada polarización en el pueblo hondureño y una generalizada desconfianza ciudadana en la institucionalidad estatal, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, se pronuncia en los siguientes términos:
- Falta de garantías de transparencia y rigurosidad. La ASJ rechaza la opacidad aplicada en el seno del Poder Legislativo para la conformación de tan importantes órganos estatales, cuyos miembros deberán encarar el próximo proceso de elecciones, bajo una institucionalidad debilitada por viejas componendas políticas.
Dentro de los aspectos de rigurosidad que le quitan integridad al proceso, se encuentra que no se solicitó que los postulantes del RNP tuviesen que presentar titulación universitaria como requisito, a pesar que para el CNE y TJE sí se ha pedido, creando suspicacia de beneficiar a ciertos postulantes. Asimismo, no se publicaron los criterios de evaluación para las tres etapas del proceso (evaluación curricular, audiencias e idoneidad), dejando a la discrecionalidad la ponderación de las evaluaciones, sin que la población tenga la certeza que las personas escogidas han sido las mejores evaluadas.
- Tradicional repartición de cargos. Contrario a lo que conviene al país, los diputados al Congreso Nacional se aprestan a reincidir en el inveterado vicio de repartirse estas instituciones cual botín político, alejándose de procedimientos que privilegiaran el cumplimiento del principio de idoneidad, igualdad ante la ley, el derecho político protegido por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de “tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
- Necesidad de un proceso exhaustivo y participativo dado el contexto político. La trascendencia de este proceso de selección requiere la práctica de estrictos mecanismos de evaluación y verificación, incluyendo la revisión de antecedentes y desempeño profesional, pruebas de confianza y una verificación exhaustiva del patrimonio y vinculación con actores y organizaciones del crimen organizado y narcotráfico de los y las postulantes, tomando en cuenta los sendos casos de corrupción y acusaciones de vinculaciones con el narcotráfico que han tenido políticos hondureños en los últimos años.
- El resultado será desconfianza en el proceso electoral. Las inconsistencias arriba mencionadas solo abonan al cuestionamiento de un sistema de elección que lejos de fortalecerse, generará desconfianza y hartazgo por parte de la población. La falta de transparencia y rendición de cuentas en este proceso dejará nuevamente un mal sabor de boca entre los hondureños, en una sociedad que exige cambios tangibles en su calidad de vida y que, debido al fracaso de la clase política de atender sus grandes problemas de pobreza, desempleo, seguridad y corrupción, ha optado emigrar en cientos de miles.
Tegucigalpa, M.D.C.; 4 de septiembre de 2019
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)