Tegucigalpa 16/3/2018
La Coalición contra la Impunidad emite su voz de alerta ante la convocatoria que ha hecho el pasado 12 de marzo de 2018 la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, a la elección del representante de sociedad civil para formar parte de la Junta Proponente que seleccionará la nómina de candidatos(as) para Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto. Convocando para que se instale la Asamblea de sociedad civil el sábado 17 de marzo.
Esta convocatoria para acreditar representante de sociedad civil en la Junta Proponente es un atentado a la legalidad, y resulta violatoria de una sentencia de inconstitucionalidad (SCO -0623-2013) emitida el 23 de noviembre de 2016, mediante la cual se declaró que la reforma por adición al artículo 22 de la Ley del Ministerio Público que habilitaba la participación de sociedad civil en la junta proponente era de carácter inconstitucional.
En esta sentencia la Sala de lo Constitucional declaró: “la inconstitucionalidad parcial de la parte final del primer párrafo del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, debiendo ser expulsado de la norma, misma que dispone: “y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia”, por contravenir, restringir y menoscabar la normativa constitucional y tratados internacionales suscritos por Honduras”. Pronunciándose de esta forma la Sala Constitucional, por estimar que dicha participación referida a una organización era excluyente y violatoria del principio de igualdad.
En consecuencia, esta norma ya no existe, y no existe fundamento legal para la convocatoria realizada por el Ministerio de Gobernación, incurriendo el titular de esta Secretaría de Estado en responsabilidad administrativa y penal al extralimitarse en sus funciones. De igual forma esta responsabilidad es atribuible al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por la emisión del acuerdo 6-2018, a través del cual solicita a los entes que integran la Junta Proponente a nombrar sus representantes, incluyendo entre los mismos la representación de sociedad civil.
Declarada la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, desaparece de esta norma el elemento que posibilitaba la participación de sociedad civil, siendo inviable y de carácter ilegal pretender remediarlo por vía reglamentaria, pues resulta absurdo pretender reglamentar una norma legal inexistente.
Desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos esta burda maniobra que tiene como objetivo incorporar a la Junta Proponente a un representante de la sociedad civil oficialista y proyectar ante la opinión pública nacional e internacional que este proceso de elección del Fiscal General cuenta con el aval y participación de sociedad civil; consumando así los planes de la cúpula gobernante de reelección del actual fiscal, Óscar Chinchilla quien es afín a sus intereses políticos y promotor del pacto de impunidad para proteger a los funcionarios y funcionarias corruptas.
