Martes 25 de julio de 2017
BOGOTÁ (Reuters) - Las FARC denunciaron el martes un
plan de una organización que está ofreciendo hasta un millón de dólares por
cada uno de los máximos dirigentes del antiguo grupo guerrillero que sea
asesinado y pidieron al gobierno adoptar las medidas para evitar la campaña
criminal.
El asesinato de uno o varios líderes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podría poner en dificultades el
acuerdo de paz que firmó el grupo con el Gobierno del presidente Juan Manuel
Santos para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000
muertos y millones de desplazados.
"Hemos tenido conocimiento de la existencia de
una organización criminal con recursos, que ha ofrecido hasta un millón de
dólares por cada persona perteneciente al secretariado de las FARC que sea
asesinada", dijo a Caracol Radio el asesor jurídico del grupo, el abogado
español Enrique Santiago, sin entregar más detalles.
El secretariado es el máximo órgano de dirección de
las FARC conformado por nueve personas que ahora tienen el reto de convertir el
antiguo grupo guerrillero que puso en aprietos al Estado colombiano en un
partido político.
"Estos ofrecimientos vienen de personas que
tienen la suficiente capacidad económica para ofrecer no un millón de dólares
porque los miembros del secretariado son nueve, es decir hasta nueve millones de
dólares", explicó Santiago quien reveló que siete excombatientes de las
FARC han sido asesinados en hechos aislados desde el primero de abril.
De inmediato no se produjo ninguna reacción del
Gobierno de Colombia frente a la denuncia, pero el propio presidente Juan
Manuel Santos se comprometió en el pasado a brindar las condiciones de
seguridad que garanticen la vida de los dirigentes de las FARC y su
participación en política.
Alrededor de 5.000 militantes de la Unión Patriótica,
un partido político de izquierda fundado en 1985, fueron asesinados en una
campaña de exterminio de paramilitares de ultraderecha apoyados por algunos
efectivos del ejército. Los dirigentes de las FARC temen que se produzca una
situación similar.
Además del abandono de las armas de unos 7.000
combatientes, el acuerdo de paz incluye la entrega de tierras a campesinos
pobres, desminado, lucha contra el narcotráfico e inversión social del Estado
en educación, salud y carreteras para erradicar la pobreza.