Martes 30 de mayo de 2017
WASHINGTON (AP) — Noé
Duarte esperaba ver este año a su familia por primera vez en casi dos décadas,
pero sus parientes seguirán esperando el ansiado reencuentro.
Duarte decidió posponer
indefinidamente su primer viaje a El Salvador desde que emigró al Norte en el
2000 ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump no renueve el
estatus migratorio temporal que protege a más de 260.000 salvadoreños en
Estados Unidos.
“Con estas políticas que
hay ya las ganas de ir allá se quitan porque tienes miedo de no poder entrar”,
dijo a The Associated Press el salvadoreño de 40 años que vive con su esposa,
hija y nieto en el área de Washington. “Salir puedes, pero entrar... No estás
seguro de que puedes entrar”.
Las propuestas
restrictivas sobre migración legal e ilegal que llevaron a Donald Trump a la
Casa Blanca han causado señales evidentes de temor entre los salvadoreños,
86.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses que viven legalmente en Estados Unidos
gracias a un estatus migratorio temporal conocido por sus siglas en inglés TPS.
Washington otorga el TPS a ciudadanos de países que sufrieron desastres
naturales. Nicaragua y Honduras recibieron la designación en 1999 tras la
destrucción causada por el huracán Mitch, y El Salvador ingresó a la lista en
2001 tras una secuencia de terremotos.
La preocupación por
perder este beneficio creció recientemente porque el gobierno estadounidense
hizo una modificación para el caso de los haitianos: el 22 de mayo se anunció
que el TPS se renovaría por seis meses, y no los 18 meses habituales, a los
58.000 haitianos que el país cobija desde el terremoto de 2010.
En cuanto a los centroamericanos,
el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el secretario John Kelly
revisaría las condiciones y consultaría con las agencias correspondientes las
fechas de expiración del año entrante. “Cada país se considera de manera
individual, caso por caso”, aclaró en un comunicado.
Los críticos del
beneficio argumentan que la renovación automática de éste ha propiciado la
violación del espíritu de un programa que nació para ayudar a la gente que tuvo
que dejar Centroamérica en el pasado debido a guerras civiles y más tarde a
causa de desastres naturales.
“Si no lo renuevan, se te
viene todo abajo”, dijo Duarte a la AP con el ceño fruncido mientras miraba por
la ventana de un restaurante de comida rápida en Silver Spring, Maryland. “Allá
(en El Salvador) no hay nada. Allá llegaría de vuelta a cultivar hortalizas”.
Con una ampolla recién
abierta en su mano izquierda tras haber plantado una veintena de árboles,
Duarte relató al final de su jornada como jardinero que su Metapán natal le
recuerda cómo muchas veces intentó infructuosamente saciar el hambre con las
hortalizas que cultivaba desde los diez años.
Gracias al TPS, Duarte
llegó a ganar hasta 39 dólares por hora durante los 15 años que trabajó como
albañil después de que en el 2000 atravesara México, cruzara a pie el desierto
de Arizona y se reuniera con su madre en la capital estadounidense. Dolencias
en la espalda lo llevaron a retirarse recientemente de la construcción y ahora
planea lanzar en junio una empresa de limpieza de casas y oficinas.
Los gobiernos de El
Salvador, Nicaragua y Honduras han alegado durante años que no están listos
para captar repentinamente a tantas personas y que les afectaría dejar de
recibir sus remesas. Sus ciudadanos representan un 80% de los beneficiarios de
TPS provenientes de un total de diez naciones.
Al respecto, el canciller
salvadoreño Hugo Martínez ha dicho que su gobierno busca una prórroga al TPS o
una medida alternativa para que los salvadoreños “gocen de un estatus
migratorio regular y estable en Estados Unidos”, sin precisar detalles.
Defensores del TPS alegan
que sería cruel repatriar a estas personas después de que ha transcurrido tanto
tiempo y cuando sus países de origen continúan enfrentando grandes
dificultades. “Hablamos de personas que han creado sus nuevas vidas y han hecho
todo en el sistema legal para quedarse aquí”, dijo Julio Calderón, un activista
hondureño que reside en el sur de Florida y cuyos padres tienen TPS.
Cecilia Menjvar, una
profesora de sociología en University of Kansas que ha estudiado a la
comunidad, dijo que el 90% de las personas con TPS integran la fuerza laboral y
muchos han creado empresas. “Ellos harán lo que sea para pagar impuestos porque
eso demuestra al gobierno que son buenas personas”, señaló.
Entre los sectores
opuestos al TPS, que alegan que el gobierno federal ha convertido en permanente
un beneficio que fue concebido originalmente como una solución temporal, está
el congresista republicano por Alabama Mo Brooks, quien presentó esta semana un
proyecto de ley que busca traspasar del Ejecutivo al Legislativo la autoridad
para conceder y renovar TPS.
La iniciativa “busca
garantizar que ‘temporal’ signifique temporal al establecer límites de tiempo
claros y al crear parámetros reglamentarios que deben cumplirse para obtener el
TPS”, dijo Brooks. “Esta legislación brinda la reforma necesaria para lo que se
ha convertido en una amnistía de vieja data”.
A pesar de la
preocupación, la comunidad salvadoreña tiene la esperanza de que el
Departamento de Seguridad Nacional no solo renueve el TPS cuando expire en
marzo de 2018, sino que además lo reemplace por una residencia permanente que
al cabo de cinco años permita la naturalización.
“Es importante que el
gobierno siga renovando el TPS”, dijo la empresaria salvadoreña de 47 años Nancy
Vásquez en un restaurante de comida rápida en Rockville, Maryland. “Pero sería
bueno que mejor nos dé una residencia permanente con camino a la ciudadanía.
Eso es lo que nosotros deseamos, que ya nos dé algo más seguro, sin tener que
renovar cada 18 meses”.
Gracias al TPS, Vásquez
ha podido comprar casa propia, visitar dos veces su país y ser dueña del camión
desde el que cada día vende comida a albañiles en varios puntos del sur de
Maryland.
Vásquez vino a Estados
Unidos en 1999 como turista con la intención de persuadir a su esposo de que
volviera junto a ella a El Salvador, pero ante la negativa de él decidió
quedarse.
Actualmente divorciada y con una hija estadounidense de 11 años,
Vásquez busca ahora obtener una licencia de electricista para dejar la venta de
comida, deseosa de alivio para el dolor de ciática y la hinchazón en los
tobillos que le producen las largas horas sin sentarse.
La comunidad de
salvadoreños que cuenta con TPS planea celebrar una asamblea nacional en
Washington a mediados de año en la que afinarán planes para promover los
beneficios de renovar el beneficio migratorio.
Vásquez dice estar
optimista sobre permanecer en Estados Unidos con el TPS, pero asegura que de no
ocurrir entonces vendería sus propiedades y lanzaría una empresa en su país
natal.
“Si me voy, sé que salgo
adelante allá. Hay que hallarle el lado bueno a todas las cosas y saber vivir
donde a uno le toque vivir”, indicó.
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Ben Fox reportó desde
Miami. El corresponsal de AP en San Salvador, Marcos Alemán, colaboró con este
despacho
