Miércoles 17 de junio de 2015 – 10:20 PM
Tegucigalpa, Honduras - Auto de formal procesamiento
con prisión preventiva se dictó la noche de este miércoles en los Juzgados de
Letras de lo Penal en contra de los cinco nuevos acusados por el millonario
desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
Al término de la audiencia inicial, a eso de las
9:30 de la noche, el juez que conoció el caso resolvió enviar al Primer
Batallón de Infantería a los cinco acusados por la sobrevaloración de equipo
Biomédico.
El Ministerio Público acusó por fraude y
malversación de caudales público a Mario Roberto Zelaya, José Ramón Berttety y
Edgardo Quiroz Moreno, todos exfuncionarios del Seguro Social.
Mientras que por el delito de estafa fueron acusados el empresario Shucri Kafie
Larach y su abogado Juan Alberto Madrid Casaca. Del hospital al batallón En el
caso del empresario que se encuentra interno en un centro hospitalario privado,
el juez ordenó sea trasladado a la instalación militar debido a que el dictamen
de Medicina Forense establece que no corre peligro en su estado de salud.
Los defensores de Kafie no lograron acreditar que el
estado de salud de su cliente era inestable, ya que también los resultados de
una resonancia magnética que se le practicó durante el fin de semana no reveló
complicaciones en su salud, por lo que al ser dado de alta será trasladado de
forma inmediata a la base militar.
Durante la audiencia la defensa de los acusados
presentaron ante el juez que conoció el caso varios elementos de prueba entre
ellos la declaración de varios financistas que explicaron al juez y fiscales el
contenido y cada una de las cláusulas del contrato.
Sin embargo, las pruebas acreditadas por la Fiscalía
Contra la Corrupción fueron contundentes y tomaron mayor relevancia con el
testimonio brindado por Vilma Morales, presidenta de la Junta Interventora
quien dijo al juez que ese contrato no debió haberse firmado ya que
representaba un desequilibrio en las finanzas de la institución.
La abogada afirmó que el contrato consistía en la
compra y mantenimiento de equipo Biomédico a un precio sobrevalorado por lo que
en total el Seguro Social debía pagar un monto de 118.9 millones de dólares,
pero debido a la intervención solo se pagaron 61 millones de dólares.
Por su parte los abogados defensores anunciaron que
presentaran un recurso de apelación ya que consideran que la resolución emitida
por el juez no fue apegada a derecho ya que la acusación está basada en un
contrato meramente comercial.
Por este caso se encuentran prófugos varios
exempleados del Seguro Social.
