Miércoles 17 de junio de 2015 – 11:40 PM
Tegucigalpa, Honduras - Expresamos nuestra profunda
indignación ante el innecesario arresto de Schucri Kafie L. y Juan Madrid.
Rechazamos la discriminatoria decisión del Juez de Letras de lo Penal de
Francisco Morazán al haber ordenado prisión preventiva para nuestros representantes,
a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por la defensa logrando
desestimar la falsa acusación y en adición las garantías que presentamos sobre
su intención de someterse al proceso legal y acatar el debido proceso como
garantía constitucional.
No entendemos la razón por la cual el tribunal haya
dictado esta injusta y excesiva decisión, cuando la defensa ha probado que la
acusación es infundada. El informe de la investigación en el que se sustenta la
acusación por parte del juzgado carece totalmente de soporte técnico,
financiero y legal, y no refleja la realidad de los hechos. Durante la primera
audiencia, hemos presentado pruebas contundentes en el que en un juicio
imparcial correspondería un sobreseimiento definitivo, por lo tanto rechazamos
la decisión del juzgado de dictar estas medidas a nuestros representantes.
Nuestros abogados le han demostrado a la juez que no
hay existencia de delito y que su decisión está sustentada en hechos
infundados. Acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales para
denunciar estos atropellos en donde la institucionalidad, seguridad jurídica y
objetividad de los jueces está en entredicho.
Firmemente exigimos las suspensiones de la prisión
preventiva de los señores Schucri Kafie L. y Juan Madrid y el cumplimiento de
la normativa que establecen la constitución y las demás leyes sobre el debido
proceso, derecho a la defensa y presunción de la inocencia, de las que gozan
todos los hondureños según el Artículo 89 de la Constitución de la Republica.
Asimismo, hacemos un llamado de atención al Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, entre otras instituciones internacionales, de la situación
que ahora se ha presentado y que se les han coartado los derechos de los
representantes de DIMESA.
Por último, reiteramos que el proceso de
adjudicación del contrato entre DIMESA y el IHSS fue objeto de una licitación
público internacional, aprobado por la Comisión de Salud, aprobado por el pleno
del Congreso, sancionado por el presidente de la Republica y debidamente
publicado en el diario La Gaceta.
