Jueves 18 de junio de 2015 – 03:40 PM
Tegucigalpa, Honduras - Autoridades de la Secretaría
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización firmaron un Acta
de Acuerdo para dar seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico
Universal (EPU) 2015, referentes a la orientación sexual, crímenes de odio,
minorías y sistema de justicia.
El Acuerdo fue suscrito por el Secretario de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la Subsecretaria
de Desarrollo e Inclusión Social, la Magistrada
representante de la Corte Suprema de Justicia, los organismos defensores de
derechos humanos de minorías, entre estos: Red Lésbica Cattracha, Organización
Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Fundación San Alonso Rodríguez y por el
Sistema de las Naciones Unidas, a través de ONUSIDA.
Entre los Acuerdos están: la incorporación en el
marco de la Política Pública y Plan de Acción de Derechos Humanos la propuesta
presentada para cumplir las recomendaciones EPU-2015, a través de los
procedimientos que sigue la Dirección de Políticas Públicas en Derechos Humanos
y Justicia.
Asimismo, agregar el trabajo del Comité Técnico
Institucional en las acciones y recomendaciones que puedan incorporarse en el
proceso de seguimiento, a iniciativa de las defensorías, organizaciones o redes
de sociedad civil y de las Secretarías de Estado.
Por su parte, las Defensorías de Derechos Humanos de
Minorías se comprometieron a contribuir en la implementación de las
recomendaciones EPU-2015, basadas en la no discriminación por orientación
sexual, crímenes de odio, minorías y sistema de justicia, así como la
participación en mecanismos de incidencia e interlocución creados por esta
Secretaría de Estado, a través de la Dirección de Políticas Publicas en
Derechos Humanos y Justicia como: mesas sectoriales y participación en el
Comité Técnico Interinstitucional de la Política Publica y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos.
Al referirse a la firma del Acuerdo, la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia Karla Cueva manifestó que “son
organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos razón por la cual
esta es una gran oportunidad para lograr la construcción conjunta de acciones
en materia de derechos humanos, entre la sociedad civil y el Estado”.
Refirió que es oportuno que la propuesta para el
cumplimiento de algunas recomendaciones haya surgido de la sociedad civil porque
han aportado insumos para que el Estado avance en temas como: formación y
abordaje de derechos humanos, estadísticas en materia de salud, incidencia de
VIH y el abordaje de la temática en los medios de comunicación.
En ese sentido, Mirka Negroni, Directora Interpaís
para Honduras y Nicaragua de ONUSIDA refirió que “para nosotros es una honor
compartir y evidenciar esta colaboración entre las organizaciones de la
sociedad civil y el gobierno hondureño en pro de los derechos humanos y en este
caso particular de las mujeres, población LGTBI, mujeres afrodescendientes,
víctimas de violencia y campesinos. “Hay mucha disponibilidad y buenas
propuestas para lograr un buen resultado”.
Por su parte, Indyra Mendoza, coordinadora de
Cattrachas expresó “estamos solicitando que haya capacitaciones para que los
funcionarios puedan manejar la no discriminación basada en orientación sexual o
identidad de género y la no discriminación
por las personas campesinas, campesinos, minorías y afrodescendientes”.
Agregó que “creemos que traer propuestas con
recomendaciones permitirá que haya más avances, ya que el Estado no trabajará sólo
sino que serán acciones que tendrán un impacto en la vida de las personas”.
Entre tanto, Aurelia Martín Arzú, representante de
OFRANEH refirió “queremos que cese la discriminación garífuna y hay un
compromiso porque se va a buscar el mecanismos que nos dejará satisfechos como
pueblo garífuna para gozar de todos los derechos que tenemos como hondureños”.
Entre las recomendaciones del Examen Periódico Universal
realizadas al Estado de Honduras están: la promoción de la tolerancia y la no
discriminación de defensores de derechos humanos y de minorías, en especial
Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTBI), el fortalecimiento de las
instancias operadoras de justicia y de los mecanismos de protección de derechos
humanos en el marco del conflicto agrario en el Aguán, entre otras.
