Miércoles 27 de mayo de 2015 – 09:10 AM
GUATEMALA (AP) — En una audiencia que duró más de 30
horas, una jueza guatemalteca resolvió enviar a prisión a los directivos del
seguro social guatemalteco acusados de un supuesto fraude en la adjudicación de
un contrato de servicios médicos para pacientes renales que culminó con la
muerte de al menos 13 personas.
La jueza Silvia de León procesó el martes en la
noche a los 17 implicados, lo que permite a la Fiscalía investigar durante al
menos dos meses los hechos.
Entre los procesados por el delito de fraude se
encuentran el presidente del Seguro Social Juan de Dios Rodríguez, también
exsecretario privado y hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina;
Julio Suárez, presidente del Banco Central de Guatemala, y el empresario Max
Quirim, miembro de la Junta Directiva del Seguro Social.
También fue enviado a prisión por los delitos de
cobro de comisiones y asociación ilícita Otto Fernando Molina Stalling, hijo de
la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling Dávila. Molina
Stalling laboraba como asesor financiero y habría intervenido en la
adjudicación del contrato por el cual habría recibido comisiones.
Según la investigación de la fiscalía y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 4 de noviembre de 2014 la
junta directiva del Seguro Social autorizó la adjudicación de un contrato por
116 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares) a una empresa para
proveer 2,5 millones de servicios de diálisis peritoneal ambulatoria para
pacientes renales.
La Comisión, un ente de Naciones Unidas que
investiga a cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el
Estado guatemalteco, presentó como evidencia escuchas telefónicas en las cuales
Molina Stalling y directivos de Droguería Pisa de Guatemala, a la que se
adjudicó el contrato, discutían sobre la posibilidad de recibir comisiones del
16% del total del contrato. Las comisiones ascendían a unos 16 millones de
dólares.
La jueza dijo en su argumentación que Droguería Pisa
de Guatemala no contaba con una licencia sanitaria para proveer servicios
médicos "y menos una prestación de servicios médicos renales".
"Si pretender ganarse el dinero sin prestar el
servicio adecuado no es un plan delictivo, estamos en una sociedad desmoralizada
y sin ética", dijo de León.
Según la investigación, al menos 13 pacientes
habrían muerto como consecuencia de la administración de los servicios de
diálisis que estaban contaminados, aunque hasta el momento la pesquisa sólo se
dirige al fraude y no a responsabilidades por esas muertes. La fiscalía general
dijo que no se descarta hacer una vinculación.
Los funcionarios y particulares fueron enviados a la
prisión Mariscal Zavala ubicada en instalaciones militares para resguardar su
seguridad. Cinco mujeres también sindicadas fueron enviadas a una prisión
femenina.
Varios escándalos de corrupción han sido
descubiertos en los últimos dos meses en Guatemala. El mayor es el relacionado
con una millonaria defraudación al fisco dirigida según las autoridades por
Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana
Baldetti, que culminó con la renuncia de ésta y un repudio nacional a la
corrupción que aún provoca manifestaciones callejeras.
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