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Penas desde 20 hasta 50 años para cabecillas y personas ligadas a maras en Honduras

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Martes 26 de mayo de 2015 – 09:30 PM

Tegucigalpa, Honduras – En la sesión de este martes, se aprobó en segundo debate, el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo, orientado a reformar el artículo 332 del Código Penal, relacionado con delitos de personas ligadas a asociaciones ilícitas pandillas o “maras”, donde se aumentan las penas hasta 50 años de cárcel a los jefes o cabecillas de esas organizaciones.

En ese sentido, los jefes o cabecillas de pandillas criminales podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de reclusión, según se plantea en las reformas al artículo 332 del Código Penal, conocido como Ley Antimaras.

Las reformas al artículo 332 del Código Penal o “Ley Antimaras”, contemplan penas de entre 20 y 30 años de cárcel, así como multas hasta por 300 mil lempiras, pero al incrementarse en un tercio para los cabecillas de pandillas criminales, la sentencia podría ser de hasta 50 años.

Según la reforma, quienes aspiren a formar parte de las maras que operan en el país y ser cabecilla de las mismas, tendrán que pensarlo varias veces al establecerse en las reformas que se aplicarán penas que van de 20 a 50 años de privación de la libertad.
Actualmente, el artículo 332 del Código Penal establece penas de entre tres y seis años de reclusión y multa de 100 mil y 200 mil lempiras a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o grupos ilícitos.

Sin embargo, con esta reforma, enviada por el presidente Juan Orlando Hernández y dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, se amplían duramente esas penas hasta 20 y 30 años de prisión solo para los miembros de estas asociaciones y la misma cantidad, pero aumentada en dos tercios, para los cabecillas.

La reforma del decreto 332 del Código Penal, que cuenta con la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también amplía las penas de prisión contra los integrantes y cabecillas de maras que conspiren o atenten contra cualquier alto funcionario del Estado u operador de justicia y utilicen menores o mujeres para cometer sus crímenes.

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