Miércoles 22 de abril de 2015 – 04:00 PM
WASHINGTON (AP) — El Senado aprobó unánimemente un
proyecto de ley para ayudar a las víctimas del tráfico sexual, con lo que puso
fin a una disputa sobre el aborto que también demoró la confirmación de la
secretaria de Justicia postulada por el presidente Barack Obama.
Por 99 votos a favor y ninguno en contra se aprobó
la ley de Justicia para las Víctimas del Tráfico, que amplía las herramientas a
disposición de la policía para perseguir a los traficantes y crea un fondo para
ayudar a las víctimas. La cámara baja ha aprobado un proyecto similar y la Casa
Blanca ha expresado su apoyo.
"No hemos sido sordos a los clamores de quienes
necesitan nuestra ayuda, las víctimas del tráfico humano", dijo el senador
republicano John Cornyn, de Texas, el principal promotor de la norma por parte
de su partido. "La ley será crucial para ayudar a las víctimas del abuso y
el tráfico sexual a recuperarse de una vida de esclavitud".
El voto unánime fue la culminación del proceso de
aprobación de una ley que al comienzo tuvo amplio apoyo de ambos partidos, pero
cayó en un impasse partidista el mes pasado cuando los demócratas objetaron una
formulación que según ellos ampliaría las prohibiciones a la financiación de
abortos con fondos federales.
Al mismo tiempo, la confirmación de Loretta Lynch
como secretaria de Justicia, que contaba con votos suficientes, quedó detenida
porque la conducción republicana tomó la decisión, sin explicarla del todo, de
demorarla hasta que se aprobara la ley sobre tráfico. Aprobada esta ley, Lynch
tendrá el jueves la votación que le permitirá ser la sucesora de Eric Holder y
la primera secretaria de Justicia negra de la historia.
Nadie salía bien parado del impasse, y Cornyn junto
con los senadores demócratas Harry Reid y Patty Murray elaboraron una solución
negociada que anunciaron el martes. Con respecto a las inquietudes demócratas
sobre los fondos federales para abortos, la nueva ley divide el fondo para
víctimas en dos partes.
Una parte de dicho fondo, constituido por multas
pagadas por los traficantes sexuales, no puede ser usado para servicios de
salud. La otra parte, que sí sería para servicios de salud, tomaría los 5
millones de dólares asignados por el Congreso a los Centros de Salud Comunitarios,
que ya están sujetos a prohibiciones de pagar abortos.
El acuerdo permite a las dos partes reclamar la
victoria, ya que los republicanos se aseguran de que el dinero para servicios
de salud no se pueda gastar en abortos, y los demócratas pueden decir que
impidieron que la prohibición a gastar dinero federal para abortos se
extendiera a una nueva fuente de ingresos.
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