Viernes 10 de abril de 2015 – 07:40 PM
Tegucigalpa, Honduras - El Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó hoy la ola de muertes de
violentas en el país y pidió detener la
barbarie que solo este viernes dejo como
víctimas a dos profesionales del derecho, con los cuales suman 91 desde el año
2010.
El ombudsman hondureño se solidarizó con los
familiares de las víctimas e hizo un enérgico llamado a las autoridades a
establecer mecanismos efectivos de seguridad que permitan fortalecer la
protección del derecho a la vida en el país.
Expresamos nuestras sentidas muestras de
condolencias a las familias de los ciudadanos Eduardo Gauggel Rivas y José
Eduardo Gauggel Medina y de otras personas que, en el territorio nacional,
fueron lamentablemente privadas de sus vidas, dijo el defensor de los derechos
humanos.
“Condenamos
nuevamente esos y otros actos de barbarie que se han perpetrado contra habitantes de Honduras y que afectan
igualmente la dignidad del pueblo hondureño”, expresó.
Herrera Cáceres urgió la necesidad impostergable de
que el Estado utilice medios, recursos y tecnologías que protejan, cada vez
más, el derecho a la vida de los y las habitantes.
Además, abogó porque se fortalezca la investigación
y perfeccione la coordinación de inteligencia y funcional entre operadores de
justicia para reducir drásticamente el alto nivel de impunidad prevaleciente.
Impunidad que, según el defensor del pueblo, solo
engendra manifestaciones reiteradas y crecientes de vulneración de derechos
humanos.
El ombudsman hondureño es del criterio que para
hacer efectiva la seguridad de las personas, los bienes y el pleno disfrute de
los derechos humanos y libertades fundamentales es necesario vitalizar
progresivamente el acercamiento, la confianza y la colaboración entre la
sociedad los operadores de justicia.
El abogado Eduardo Gauggel Rivas y su hijo
José Eduardo de Jesús Gauggel Medina, abogado y diputado liberal, fueron
ultimados a balazos por desconocidos
cerca del estadio Francisco Morazán en el barrio Los Andes de San Pedro
Sula, cuando ingresaban a su vivienda en su vehículo.
Al menos 91 profesionales del derecho murieron en
circunstancias violentas violentamente desde el año 2010, de los cuales el 95%
de los casos estarían en la impunidad, según
un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH).
El ente estatal de derechos humanos establece que el
ejercicio del derecho se convirtió en una profesión de alto riesgo para quienes
la ejercen, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, que
reportó 34 abogados muertos violentamente; Cortés, 31; Yoro, 6; Atlántida, 5; Colón, 5; Olancho con 4; Copán, 2; Comayagua, 2;
Choluteca, 1 y El Paraíso.
El documento,
que revela una serie de hallazgos, establece que entre los profesionales
del derecho que murieron en forma violenta
figuran, ex jueces de letras, de la niñez; especialistas, en
derecho penal, laboral, mercantil y civil.
También están entre las víctimas fiscales del
Ministerio Público; defensores públicos,
jueces de la niñez, de tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales
de sentencias.
Además, asesores legales de entes gubernamentales, grupos campesinos,
empresas de transporte pesado; directivos del Colegio de Abogados de Honduras,
aspirantes a cargos de elección popular,
jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y
otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas.
El informe detalla que la mayor parte de las
víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en
compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e
incluso de sus clientes.
Añade que otros profesionales del derecho fueron
ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma e incluso en
la vía pública.
Según el análisis del CONADEH, alrededor de 82 profesionales del derecho, que
representan el 90%, fueron ejecutados con armas de fuego, 4 habrían muerto asfixiados, 1 por un supuesto
suicidio, 3 con arma blanca y 1 en el que los victimarios usaron arma blanca y
de fuego para ultimarlo.
Una de las preocupaciones del ente estatal de
derechos humanos es que, al menos, el 95% de los casos estarían en la
impunidad, ya que según el recuento de los hechos solo en unos 5 casos los
tribunales de justicia han dictado sentencia contra los responsables.
Se estima que, en Honduras, alrededor de 18,000
profesionales del derecho estarían formando parte del Colegio de Abogados de
Honduras (CAH).
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, considera que el Estado hondureño está en la
obligación de garantizarles, a los
profesionales del derecho, que realicen su labor sin ningún tipo de intimidación.
“Es deber de las autoridades brindarles la debida
protección cuando su integridad física y su vida estén amenazadas por el ejercicio de su profesión”, expresó.
Lamentó que, en Honduras, el ejercicio del derecho
se haya convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
El ombudsman hondureño exhortó a las autoridades
encargadas de la seguridad en el país a realizar las acciones pertinentes para
que las casi un centenar muertes violentas contra profesionales del derecho,
registradas en los últimos 63 meses no
queden en la impunidad.
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