Lunes
27 de octubre de 2014 – 01:00 PM
Por: Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Tegucigalpa,
Honduras – En Honduras, se reconoce plenamente el derecho a la seguridad y a la
justicia para todas y todos los habitantes. Así se refleja en la Constitución
de la República, los tratados Internacionales, como el Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, la Ley
para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de
Nación para Honduras, la Política Pública en Derechos Humanos y su Plan de
Acción.
La
Ley para el Establecimiento de una Visión del País y la Adopción de un Plan de Nación, expresa
la imagen objetivo de las características que el país deberá tener al 2038 y
los ejes estratégicos que, desde ahora,
deberán aplicarse para atender los desafíos para lograrla. Indica
expresamente que la guía de las medidas
o acciones específicas la constituye el enfoque en el ser humano y su
desarrollo equitativo e integral, asegurando el respeto y promoción de la
dignidad humana, y, en consecuencia, el cumplimiento, respeto y tutela de todos
los derechos humanos de los habitantes.
Así,
en correspondencia también con su fundamento constitucional, la implementación
de esa ley debe hacerse teniendo presente la interrelación e indivisibilidad de
todos los derechos humanos, para que se cumpla con la finalidad de “contribuir
a que la población disfrute de un nivel de bienestar acorde con sus
expectativas de una vida digna, segura y saludable que mejore en cada
generación…”, tal como lo señala el preámbulo de ese Decreto Legislativo.
En
esa normativa, el tema de seguridad está previsto conjuntamente con el tema de
justicia y vinculado expresamente con el desarrollo humano.
El
lineamiento estratégico relativo a la Seguridad se expresa en la dirección del
desarrollo humano integral hacia el mejoramiento progresivo de la calidad de
vida de los habitantes, amenazada actualmente por la inseguridad de las personas y sus bienes,
falta de respeto a la ley y a las normas sociales de convivencia.
En
ese contexto, se contempla la seguridad como un medio que deberá asegurar una
Honduras que se desarrolle en democracia, con seguridad y sin violencia:
reduciendo los niveles de criminalidad por debajo del promedio internacional,
el índice de conflictividad social ( a menos de seis), la ocupación ilegal de las tierras(a menos de
5%); protegiendo más las fronteras; y luchando contra la corrupción con un
Estado transparente con una buena posición (percentil 90 -100) en el Índice de
control de la corrupción (en los indicadores de gobernabilidad del Banco
Mundial).
La
atención de los desafíos se entiende realizarlos con una política de seguridad
que repose, sobre siete pilares, a saber: La recuperación de la credibilidad de
los operadores de justicia; El fortalecimiento y la coordinación institucional
entre los operadores de justicia y el apoyo institucional a los mismos; Un
nuevo y más eficiente sistema penitenciario; Un programa más completo de
previsión social policial; El fomento de capacidades y acciones preventivas; El
combate a las causas generadoras y facilitadoras de la delincuencia y; la
implementación de un Sistema Nacional de Inteligencia Policial, más otros
aspectos administrativos policiales, de información y de acción conjunta de Fuerzas
Armadas y de Policía Nacional.
Es
de observar que, no obstante la obligatoriedad legal de los principios que
sustentan la ley como garantía de coherencia armónica de todas las
actuaciones hacia el desarrollo humano:
la dirección estratégica del lineamiento señalado se ha aplicado
restrictivamente hasta ahora, como una política de seguridad conducida por los
operadores de justicia (seguridad pública), sin una articulación clara con el
componente social del desarrollo, la participación democrática y la inclusión
social en el crecimiento económico (Seguridad ciudadana en el marco de la
seguridad humana).
