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Congreso Nacional debatirá ley de comercio Electrónico

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Domingo 12 de Octubre de 2014 - 14:00

Tegucigalpa, Honduras - El Congreso Nacional debatirá esta semana el anteproyecto de decreto que crea la Ley de Comercio Electrónico con lo que se vendrá a facilitar la creación de negocios a más bajo costo.

La iniciativa fue dictaminada por la comisión ordinaria de legislación y asuntos constitucionales, e introducida a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas y será introducida para su discusión en el pleno en las sesiones ordinarias de esta semana.

Mediante este anteproyecto de ley, se incentiva la generación de microempresas porque permitirá la creación de negocios a más bajos costos.
Otro de los beneficios es que los microempresarios ya no tendrán que alquilar local, pagar seguridad, gastos de energía eléctrica, poner rótulo, impuestos municipales y de empleados, entre otros porque ahora con el comercio electrónico podrán vender productos en línea.

Actualmente no hay ninguna ley que permita el comercio electrónico en Honduras y quien lo hace sólo puede recibir pagos mediante depósitos en cuenta de ahorro o abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos.

El comercio electrónico permitirá la compra con tarjeta de crédito a una página de Internet, sin necesidad de salir de la casa, lo que en la actualidad no se puede hacer. Ningún banco presta el servicio de captura de pagos en línea con tarjetas de crédito.
Los miembros de la comisión de dictamen coinciden que la iniciativa está orientada a reactivar la economía, impulsar nuevos negocios y nuevos empleos.

Este anteproyecto forma parte del paquete de leyes incluidas en el pilar de bienestar, inclusión y desarrollo económico del Plan de Gobierno Legislativo 2014-2018 que impulsa el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Según el dictamen, mediante el proyecto de ley, se regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos, utilizada en el contexto de actividades comerciales, con excepción de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de convenios o tratados internacionales y sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario y complementa la normativa reguladora de defensa de la competencia.

Asimismo, en la interpretación de la ley debe tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por es ley y que no estén expresamente resueltas, deben ser dirimidas de conformidad con los principios generales en que  se inspira.


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