Jueves
23 de octubre de 2014 – 02:30 PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera
Cáceres, dijo hoy que el tema de la edad punible debe ser objeto de un debate
público y que lo importante, en este momento, es evitar que tanto el crimen
organizado como las “maras” sigan “reclutando” niños para que se incorporen en
sus actividades delictivas.
El
ombudsman hondureño es del criterio que el problema no solo debe ser analizado
en torno a la edad si no determinar las causas que está llevando a la
niñez a ser conducida por ese camino de
la violencia delincuencial.
Declaró
que en las actuales circunstancias, tanto el crimen organizado como las maras y pandillas tienen amenazadas
familias enteras que se oponen a que sus niños se incorporen a las actividades
delictivas que esos grupos realizan.
Otro
aspecto mencionado por el defensor del pueblo es que muchos niños están
“huyendo” de sus lugares de origen como quedó evidenciado en los últimos meses.
Ya
tuvimos la manifestación categórica con la niñez no acompañada y vimos en las
fronteras y en los lugares que visitamos, que muchos de ellos aducen que huyen
del reclutamiento por parte de las maras o pandillas o bien del crimen
organizado, expresó.
Ante
todos los hechos que están ocurriendo en el país, el defensor del pueblo se
preguntó si realmente el Estado le está dando la debida protección a la niñez
hondureña.
En
su criterio es el momento del gran debate sobre esas condiciones que nos están
privando a los hondureños del recurso humano más valioso que es la niñez.
Agregó
que para proteger la sociedad se debe retomar no solo el tema de la prevención
del delito sino que la prevención en general.
Explicó
que es necesario pasar del concepto de seguridad pública, que solo tiene en
cuenta el orden público, al de la seguridad democrática que ve, sobre todo,
como proteger a las personas.
Hasta
ahora las leyes y los convenios internacionales establecen que no hay
responsabilidad penal para los niños menores de 12 años y si hay una
responsabilidad por infracción en aquellos casos de acciones cometidas contra
la ley entre los 12 y los 18 años.
Herrera
Cáceres admitió que en Honduras hay
niños que están participando en actos de
violencia delincuencial.
Lo
importante, según el defensor del pueblo es que, por una parte, se tomen en
cuenta las condiciones que llevan a los niños a participar en actos de
violencia y también las condiciones que
la misma sociedad crea para favorecer que esos niños ingresen en estas actividades
delictivas.
“Más
que un criterio de edad lo importante es determinar si la sociedad y el Estado
están cumpliendo con su función de proteger a los niños” señaló.
Acto
seguido se preguntó que si niños que han
cometido infracciones están siendo atendidos debidamente para rehabilitarlos y
reinsertarlos a la sociedad.
Según
el ombudsman hondureño, de acuerdo con las consideraciones actuales, en materia
de derechos humanos, hay un interés superior del niño que hay que preservar.
Declaró
que la falta de interés del Estado, la familia y la comunidad para proteger a su niñez ha motivado y favorecido el ingreso de menores en actividades delictivas.
Lo
importante es que nos hagamos un examen de conciencia del por qué no estamos
protegiendo debidamente a nuestra niñez
para prevenir que entren en actividades
delictivas, apuntó.
Herrera
Cáceres fue contundente en su llamado de no tomar determinaciones precipitadas
sin verificar la responsabilidad del
Estado y la familia frente a la niñez.
La
inseguridad ciudadana es una preocupación legítima que afecta a la población en
general y por ende al gobierno,
directamente o indirectamente en sus niveles de gobernabilidad.
El
problema se torna complejo si se toma en cuenta que en los últimos años
muchos crímenes son cometidos por
jóvenes menores de 18 años.
Un
estudio realizado por el INHFA, y el Ministerio Público determinó que entre
1996 y 1999 se presentaron ante la Dirección General de Investigación Criminal
(DGIC) alrededor de 42,000 denuncias de delitos, de los cuales el 5.5% de los inculpados
eran personas menores de 18 años.
En
1998, de 5,000 personas que fueron halladas in fraganti al momento de cometer
un delito o infracción, el 16% eran niños.
Un
estudio cualitativo de la justicia penal juvenil, realizado por la Corte Suprema de
Justicia en coordinación con el Ministerio Público en el año 2001 determinó
que, de septiembre de 1996 a
mayo del 2002, a menos, 12, 320 casos de
adolescentes infractores estaban en
proceso de judicialización.
Según
el documento, de los 12,320 casos el 48.43% estaban en su fase preparatoria,
1,398 casos (11.43%) en etapa de
juicio y en ejecución de medidas 4,922
(20.25%)
Las
principales infracciones cometidas por los adolescentes en el período de
1996-2001 fueron el robo y el hurto en un 22.9% de los casos, lesiones en un
11.4%, amenazas en 4.8%, daños a la propiedad en 6.5%, tráfico de
estupefacientes 1.7% y un 10% vinculados en asesinatos y homicidios.