Sábado 11 de octubre de 2014 – 11:45 AM
Tegucigalpa, Honduras - El Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó hoy la
muerte de dos fiscales del Ministerio Público, en San Pedro Sula, e hizo un
enérgico llamado a detener la ola de muertes en el país, que solo en el gremio
de los profesionales del derecho ha dejado un saldo de 83 víctimas, desde el
año 2010.
El ombudsman hondureño se solidarizó con los
familiares de Marlene Banegas y Olga
Eufragio, ambas funcionarias del Ministerio Público en la zona norte de
Honduras y exigió de las autoridades
mayor coordinación para que estos crímenes no queden impunes.
Señaló que la impunidad es importante
combatirla porque solo atendiendo y haciendo las investigaciones precisas sobre
cada caso se van a determinar las causas y se va a dar con él o los responsables.
Explicó que la impunidad puede comenzar desde las
investigaciones preliminares hasta el momento de la imposición de la sentencia.
Si no hay investigaciones claras y precisas
es muy difícil para el Ministerio Público poner el requerimiento fiscal y que el mismo sea verdaderamente judicializado,
indicó.
En ese sentido, Herrera Cáceres exigió una mayor coordinación entre la policía, el
Ministerio Público y el Poder Judicial, para combatir la impunidad y sancionar a los
responsables de la ola de inseguridad que solo en el gremio de los abogados ha
dejado un saldo de 83 víctimas, en los últimos
57 meses.
Sostuvo que
debe haber una mayor coordinación y una mayor eficiencia entre los entes
que integran el sistema de justicia en la aplicación de los términos procesales
y una aplicación efectiva de los espacios necesarios para realizar
investigaciones.
Agregó que las investigaciones deben ir bien
documentadas y sustentadas al momento de ser sometidas al poder judicial para
que estos condenen a los responsables.
Declaró que de no ser así, se pierde la oportunidad de sancionar en
forma responsable a los autores de esos delitos y averiguar las causas que nos
deben llevar a tomar una política criminal y políticas preventivas apropiadas.
Comentó que la preocupación del CONADEH es
por todos los habitantes de Honduras que sufren las consecuencias, sin embargo,
lamentó que los profesionales del
derecho estén siendo afectados al igual que sus familiares que sufren las
consecuencias de todo esto.
Reiteró que el problema fundamental que
estamos sufriendo los hondureños es la falta de investigación en relación con
los homicidios que se registran contra abogados, taxistas, periodistas y de
todos los sectores.
Herrera Cáceres expresó que los familiares tienen todo el
derecho de conocer que pasó con su pariente.
Al menos 5 fiscales han perdido la vida
violentamente
Al menos 5 fiscales del Ministerio Público
han perdido la vida violentamente desde el 2010 a los que se suma un ex fiscal
que fue ejecutado en La Ceiba, Atlántida.
De acuerdo a los reportes del CONADEH
únicamente el caso del fiscal Raúl Enrique Reyes Carbajal fue objeto de
sentencia.
El 17 de mayo de 2013, un tribunal con
jurisdicción nacional encontró culpable al ex detective de la DNIC Mauricio
Alexander Mejía Figueroa por el asesinato
del coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Enrique
Reyes Carbajal, hecho ocurrido el 17 de mayo de 2011 en la aldea Río Nance, de
Choloma, Cortés, cuando se transportaba en su vehículo desde Puerto Cortés
hacia San Pedro Sula.
El 6 de septiembre de 2013, luego de llevarse
a acabo la audiencia de individualización de la pena, el ex agente de la DNIC fue condenado a
purgar una pena de 30 años.
Hay miedo, temor e incertidumbre en miembros
del CAH
En una reunión sostenida el 26 de septiembre,
recién pasado, las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), le
expresaron al titular del CONADEH que no es normal que un gremio sea afectado de la manera como
está ocurriendo con el de los abogados.
Hay miedo, temor e incertidumbre, es una
historia de horror y de terror que estamos pasando los que integramos el gremio,
expresó José Luis Valladares, presidente del CAH.
Indicó que una de sus preocupaciones es la
mala investigación, el mal seguimiento y el abandono de los casos.
Reveló que el tema incluso fue planteado en
una reunión que sostuvieron con el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) dado el clima de impunidad que se
vive en el país.
Señaló que la impunidad implica tristeza para las familias e impotencia para el
gremio.
Comentó que en algunos miembros del gremio
hay temor hasta para interponer una demanda por alimentos.
El titular del CAH no concibe como después de
graduarse no puedan ejercer su profesión
por el miedo y el terror que causan las
constantes muertes.
Hasta ahora, el CAH recomendó a sus
agremiados ejercer la profesión con dignidad, ser más cautelosos, verificar que
casos se pueden llevar que no impliquen riesgos y dejar de asistir a
determinados lugares que puedan implicar un riesgo para la seguridad y la vida.
83 profesionales del derecho muertos
violentamente
Registros del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH), indican que, al menos, 83 profesionales del derecho
han perdido la vida en circunstancias violentas desde el año el 2010.
El documento del CONADEH establece que en lo
que val del año siete profesionales del derecho murieron en forma violenta.
En enero perdió la vida Oswaldo Lujan, en
Tela Atlántida, posteriormente en marzo fueron ultimados el juez de paz de
Iriona Colón, Lenin Castañeda y el
abogado José Nicolás Bernárdez, en septiembre se registró la muerte
de Dilmer Reyes y Rafael Paredes, y en octubre las fiscales del
Ministerio Público Marlene Banegas y Olga Eufragio.
De acuerdo a los registros del CONADEH, entre
el 2010 y octubre del 2014, 10 de los 18 departamentos del país, han sido
escenario de hechos sangrientos donde perdieron la vida 83 miembros del gremio
de abogados.
Los departamentos de departamento de
Francisco Morazán con 31 abogados y
Cortés con 28 fueron escenario del 71%
de la muerte de profesionales del derecho.
Otros departamentos donde se han registrado
muertes violentas de abogados son Yoro con 6, Atlántida 5, Colón 5, Olancho 3, Copán 2, Comayagua 1, Choluteca 1 y El
Paraíso con 1.
De las 83 víctimas registradas por el CONADEH, 68 son hombres y 15 mujeres.
Finalmente se establece que 75 víctimas, que
representan el 90%, fueron ejecutados con armas de fuego, 4 murieron por
asfixia por estrangulamiento, 3 por arma blanca y uno por un supuesto suicidio.
