Jueves
11 de septiembre de 2014 – 07:50 PM
Tegucigalpa,
Honduras - Como parte del trabajo conjunto en la región, el Fiscal General de la
República, Óscar Fernando Chinchilla, concluyó reuniones en la ciudad de
México, con sus homólogos de El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos,
donde el tema principal abordado desde una perspectiva de responsabilidad
compartida fue el fenómeno criminal que afecta a un gran número de menores
migrantes no acompañados.
En el encuentro, llevado a cabo en la
Procuraduría General de la República (PGR), se dieron cita el abogado
Chinchilla junto al Fiscal General de El Salvador, Luis Antonio Martínez
González; la Fiscal General de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el
Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam y el
Procurador General de los Estados Unidos de América, Eric Holder.
Todos coincidieron que este fenómeno
multifactorial deberá atenderse con pleno respeto al marco legal de cada país,
desde una visión humanitaria, para lo cual resulta indispensable desarrollar
mecanismos de cooperación y colaboración entre las diversas instancias
competentes.
En tal sentido se acordó coordinar esfuerzos
regionales que permitan una eficaz desarticulación de las redes que operan el
tráfico de menores, a quienes con engaños les hacen creer que pueden llegar a
los Estados Unidos para ser legalizados, sin embargo la realidad es otra y se
dan cuenta que lo hacen por un simple negocio que general miles de dólares a
los traficantes.
Entre los
acuerdos alcanzados por las partes, está el establecimiento de un grupo de
trabajo de alto nivel con representantes de cada una de las Fiscalías que
trabajarán coordinadamente en una propuesta de estrategia integral para atender
y perseguir eficazmente este problema.
Este
grupo sostendrá su primera reunión de trabajo en las próximas semanas y tendrá
como objetivo desarrollar un plan de acción el cual deberá incluir la
integración de propuestas que serán presentadas en una nueva reunión de
fiscales para que, en el marco de la ley de cada uno de los países, se puedan
instrumentar acciones conjuntas en tiempo real que garanticen los derechos
humanos y el trato digno en la aplicación del Estado de Derecho, así como la
búsqueda del respeto a la integridad familiar para evitar la separación de
padres e hijos.
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