Jueves 25
de septiembre de 2014 – 01:30 - PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Congreso Nacional terminó de aprobar este miércoles en su último
debate, la Ley de Protección del Espacio Marítimo o Ley de Interdicción
Marítima, cuyo objetivo es proteger la soberanía de las aguas hondureñas y
primordialmente para combatir la amenaza del narcotráfico y otras actividades
del crimen organizado a través del mar territorial.
Ejercicio
de la soberanía
El
proyecto de decreto que fue presentado ante la Cámara Legislativa por el
diputado nacionalista, David Chávez, fue dictaminado por la comisión ordinaria
de defensa y soberanía, con el propósito de establecer las normas que regirán
la defensa del espacio insular y marítimo del Estado de Honduras en su calidad
de Estado ribereño y Estado del pabellón en ejercicio de su soberanía, derechos
soberanos y en atención a sus más altos intereses de seguridad y defensa
integral mediante procedimientos de interdicción marítima con acciones de
persuasión, visita, inspección, derecho de persecución y movilización o
detención de toda embarcación propulsada o no u objeto que sin ser embarcación
sea razonablemente sospechosa de infringir normas nacionales o internacionales.
Con esta
ley, Honduras podrá aplicar procedimientos de interdicción marítima que
incluirá acciones de persuasión, visita, inspección, derecho de persecución,
inmovilización o detención de toda embarcación propulsada o no u objeto que,
sin ser embarcación, sea razonablemente sospechosa de infringir o infrinja
normas nacionales e internacionales.
Es una
complementariedad a la Ley de Interdicción Aérea, ambas creadas para la defensa
integral del país en su lucha contra el narcotráfico.
La ley es
aplicable a las naves, embarcaciones y objetos que, sin ser naves, estén
sometidos a la jurisdicción de la República de Honduras en virtud de su
nacionalidad, de su posicionamiento en aguas jurisdiccionales de Honduras o en
virtud de la ejecución de normas de derecho internacional.
Quedarán
fuera del ámbito de su aplicación los buques de guerra, mismos que gozan de
inmunidad soberana y sólo podrán ser abordados por autoridades competentes con
permiso del comandante del buque.
A los
efectos de la ley se entiende por interdicción marítima los procedimientos que,
avalados bajo derecho nacional e internacional, son ejecutados por aeronaves o
embarcaciones militares de la República de Honduras con la finalidad de
establecer ejecución jurisdiccional por vía marítima o aérea y por sobre una
embarcación razonablemente sospechosa de cometer ilícitos en el mar o amenazar
intereses de seguridad nacional.
Según
esta ley, toda nave o embarcación podrá ser objeto de medidas de Interdicción
marítima -incluyendo la persuasión, visita, inspección, persecución,
inmovilización o detención de naves- en los siguientes casos:
Cuando la
nave sea designada blanco de interés, cuando se presuma razonablemente que la
nave, embarcación u objeto, atenta contra la soberanía nacional o su utilidad
tenga conexión con actividades ilegales y cuando sea identificada como una nave
hostil.
La ley
contiene 16 artículos y 14 literales que expresan la conceptualización de la
ley, en el marco de una discusión en la que hicieron sus aportes varios
diputados conocedores del tema.
Para los
efectos de la ley se entiende por interdicción marítima los procedimientos
permitidos por el derecho nacional e internacional son ejecutados por aeronaves
o embarcaciones militares de la República de Honduras con la finalidad de
establecer ejecución jurisdiccional por vía marítima o aérea y por sobre una
embarcación razonablemente sospechosa de cometer ilícitos en el mar.
El
prosecretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, explicó que ya se
habían aprobado los primeros cinco artículos del decreto, pero a petición de
los miembros de la comisión de seguridad y protección ciudadana, del artículo
seis al 16, fueron enviados para una opinión de la Cancillería a fin de que la
ley no viniera a contravenir los convenios internacionales de los que Honduras
forma parte, principalmente en el derecho marítimo.
Añadió
que la gerente legislativa del Congreso Nacional, Karen Motiño, sostuvo varias
reuniones en la Cancillería, con los asesores legales de Relaciones Exteriores
así como de la Fuerza Naval de Honduras y la Secretaría de Defensa,
instituciones que enviaron algunas sugerencias en el articulado que fue enviado
para consulta que no inciden mucho en el dictamen.
