Jueves 14 de agosto de 2014 – 03:00 PM
- “Somos
víctimas de una persecución implacable, tenemos casos de compañeros que han
sido atropellados y golpeados por los policías”, denunciaron ante el CONADEH
Tegucigalpa, Honduras -
Propietarios y empleados de 350 unidades de microbuses que operan en
Tegucigalpa, denunciaron hoy ante el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH) la “cacería inhumana” de la que son
objeto por parte de las autoridades del
transporte, situación que pone en riesgo a más de 3,000 familias que viven de
ese servicio.
Los transportistas
consideran que se les está violentando el derecho al trabajo por lo que
exhortaron a las autoridades del transporte que les legalicen las rutas y que
cesen las “cacerías inhumanas” de las que son víctimas casi a diario.
El empresario del
transporte de microbuses, Pompilio Coello, relató que ya tienen corredores
establecidos y que actualmente cubren
alrededor de 16 rutas, algunas desde hace más de 10 años.
El también presidente
de la Coordinadora de Cooperativas y Empresas del Transporte Rapidito de
Honduras (COCENTRAH), explicó que están debidamente organizados en empresas de
transporte que representan 350 unidades que requieren de su legalización.
En ese sentido, están
solicitando al presidente de la República, Juan Orlando Hernández que autorice
a quien corresponda la legalización de sus unidades.
Como parte de sus
demandas ante las autoridades del
transporte, COCENTRAH está solicitando que durante este período de legalización
cese la “cacería inhumana” en su contra.
“Somos víctimas de una
persecución implacable, tenemos casos de compañeros que han sido atropellados y
golpeados por los policías”, denunció ante el CONADEH.
Además, instó a las
autoridades del transporte a que inicie de urgencia la identificación tanto
de las unidades como de sus trabajadores.
Coello declaró que el
transporte de microbuses de 15 pasajeros surgió en el 2001 luego que el
gobierno de turno acordara con los transportistas el pago de un subsidio, lo
que motivó que algunos de ellos abandonaran sus corredores y se dedicaran a
vivir del dinero que recibían.
Agregó que desde ese
momento a la fecha se ha triplicado el número de usuarios por lo que se
requiere de más unidades para satisfacer
la demanda de la población.
Indicó que el
transporte urbano procedió a cambiar su flota de buses de 60 pasajeros a unidades
de 30, lo que significa que un 50% de
los usuarios han quedado desprotegidos, sin servicio.
Lo único que queremos
es que se nos respete el derecho al trabajo y se nos legalice y por eso estamos
aquí en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que interceda ante
las autoridades del transporte, declaró.
Relató que debido a la
situación en que trabajan hay momentos en que un microbús se lo decomisan hasta
por ocho días y que incluso el director del transporte los amenazó con hacerlo
durante un mes.
Sostuvo que hay más de 3000 familias que dependen de este
rubro, razón por la cual claman ante el presidente Juan Orlando Hernández que
les ayude a legalizar sus unidades de transporte
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