Martes 22 de julio de 2014 – 02:30 PM
Tegucigalpa,
Honduras – Luego que la Fiscalía Especial de Protección al
Consumidor y Tercera Edad de Tegucigalpa ejercitará las primeras acciones
penales tras haber realizado investigaciones en el denominado caso “Ciudad del
Ángel”, efectivos de la Policía Militar coordinados por fiscales del Ministerio
Público detuvieron hoy al señor José Santos Arias Chicas gerente general de
Bienes Raíces Arias.
Arias Chicas quien es
hondureño, fue acusado junto a Luis Pedro Toriello y Enrique Eduardo Toriello
Barberena ambos guatemaltecos por suponerlos responsables a título de autor del delito de otros
fraudes continuados, así mismo se presentó acción penal contra Lester
Albany Sandoval Palma y Yeny Carolina García Izaguirre por suponerlos
responsables a título de cómplices necesarios en el mismo
delito. Sandoval Palma es de origen guatemalteco, mientras que García Izaguirre
es ingeniera civil y hondureña.
El delito de otros
fraudes continuados es en perjuicio de varios ofendidos, quienes residían en el
proyecto habitacional “Ciudad del
Ángel” situado en la capital de
la República, las viviendas de dicho proyecto sufrieron daños irreparables tras
haberse dado una serie eventos supuestamente relacionados con fallas geológicas
que afectan el sitio de la edificación y tras haberse obviado una serie de
requerimientos técnicos fundamentalmente necesarios para la correcta
construcción y permanencia de los inmuebles.
Las argumentaciones del Ministerio Público en
el Requerimiento Fiscal establecen entre otros razonamientos, que de haberse
respetado La Ley y las normas técnicas de construcción vigentes se pudo haber
evitado los perjuicios ocasionados a las personas que compraron sus viviendas a
los desarrolladores de la residencial sobre todo que, de las averiguaciones efectuadas,
se establece que los desarrolladores tenían conocimiento de las múltiples
condiciones desfavorables para el desarrollo del proyecto.
El Ministerio Público
continúa con diligencias para la ubicación de los otros procesados quienes
además tienen alerta migratoria, así mismo no descarta más acciones penales
como resultado de las constantes acciones que aún se realizan en sede
administrativa para deducir responsabilidad penal a otras personas.
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