Martes 29 de julio
de 2014 – 01:40 PM
Tegucigalpa, Honduras - El Alcalde de Nueva Armenia Francisco Roberto
López, admitió haber actuado irregularmente tras autorizar el corte o
explotación de recurso forestal en el cerro “Salalica” jurisdicción de Nueva
Armenia, lo anterior con el ánimo de realizar, según él, una serie de obras en pro de la comunidad.
Según las averiguaciones de la Fiscalía del Ambiente de Tegucigalpa,
mismas que inician en el año 2010, el edil y varios regidores obviaron el
mandato de la Ley en lo que respecta a las autorizaciones para estas
actividades, entre ellas las que deben ser del conocimiento del Instituto de
Conservación Forestal (ICF).
El cerro en mención es cercano a fuentes de agua, entre ellas un río,
la cantidad de pies de madera cortados es de cinco mil pies tablares. Producto
de la intervención de la mano del hombre en este sector es muy probable que el
río pierda su capacidad de captación de agua y haya una disminución en su
cauce.
Culminadas las averiguaciones y habiendo hecho los aportes técnicos de
rigor, se presentó Requerimiento Fiscal contra Francisco Roberto López y los ex
regidores Jesús Vicente Aguilar Sánchez, Lila Esperanza Alonzo Flores, Mateo
Aníbal Barahona y Miguel Velásquez por los delitos de Usurpación de Funciones y
Aprovechamiento Ilegal de producto y sub producto forestal sin fines comerciales.
No obstante lo anterior y en atención al principio de objetividad y a
la luz de lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 36, la
Fiscalía valoró el planteamiento
presentado por la Defensa de los Imputados en el sentido que se beneficiara a
sus representados (Alcalde y Ex Regidores) de la medida desjudicializadora
conocida como Suspensión de la Persecusión Penal.
En ese sentido y agotando los requisitos que la Ley señala para este beneficio,
la Fiscalía del Ambiente presentó solicitud de Suspensión Condicional de la
Persecusión Penal contra los imputados en la audiencia respectiva al juez
competente.
Así mismo y tras la admisión de los hechos los procesados se
comprometieron a realizar la reforestación de 1350 árboles, los cuales van
hacer sembrados y cuidados en la zona afectada en un término de tres años para
garantizar su crecimiento en la zona.
Asimismo, deben señalizar con rótulos para dar a conocer a las personas
aledañas que es una zona forestal, que se prohíben los cortes y
aprovechamientos ilegales, además la indemnización respectiva a los intereses
del Estado, para lo cual, la Procuraduría General de la República hará lo
pertinente.
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