ETA: esperando al desarme y sin renunciar a los presos

ETA lo dejó un 20 de octubre. Hace dos años que anunció su "cese definitivo de la actividad armada" y ponía fin así a décadas de atentados que han causado 829 víctimas mortales, de las cuales 486 eran militares y policías. A diferencia de otras veces, ésta es la definitiva; según todas las fuerzas políticas, ya se ha abierto  "una nueva etapa" en Euskadi y Navarra y no hay posibilidad de retorno al pasado. 

En esto coinciden todos, desde el PP a la izquierda abertzale, pasando por el PNV y los socialistas. Aún queda su completa disolución. Los últimos "liberados" de ETA que quedan en activo no superan la treintena, según afirman fuentes policiales consultadas por este diario, y están preparando una entrega de armas que han prometido para antes de Navidad. Y, como siempre, en el centro del proceso de paz se encuentran los presos: más de 600 personas sujetas por el momento a una legislación de excepción diseñada contra una banda terrorista en activo. Estos más de 600 presos son sin duda la clave que puede abrir la puerta de una nueva era sin violencia.

A día de hoy, ETA no tiene capacidad operativa. Todo indica que esa treintena de militantes que aún le quedan apenas tienen recursos. Es más, fuentes policiales han confirmado a Público que buena parte de ellos están controlados y protegidos en tanto que cumplen un papel de negociadores, pues son los que apuestan por la vía del diálogo. Encabezando este grupo estánJosu Ternera y David Pla, que fueron expulsados de Noruega cuando Oslo, cansado de no ver avances y ante las presiones del Gobierno español, decidió retirarles la protección y tuvieron que regresar a sus escondites. La negociación es lenta y las dos partes están muy condicionadas. Por un lado, ETA intenta jugar sus últimas cartas en la cuestión de los presos, pues tiene difícil decir que esto se ha acabo y dejarlos en las cárceles. Por otra parte, el Gobierno del PP es rehén de los extremistas que alimentó cuando estaba en la oposición y descargaba toda su artillería contra el Ejecutivo de Zapatero por haber intentado negociar.

Recientemente el Gobierno pidió tres informes sobre el estado actual de ETA: uno al Cuerpo Nacional de Policía, otro a la Guardia Civil y otro al Centro Nacional de Inteligencia. Y los tres indicaron lo mismo: los pasos que ha dado ETA son irreversibles, corresponden a un voluntad de acabar para siempre con la "actividad armada" y no hay posibilidad de nuevas escisiones, como cuando se dividieron ETA político-militar y ETA militar, siendo la primera rama mayoritaria y la que depuso las armas después del golpe de Estado de Tejero. Además, actualmente no está llevando a cabo labores de captación ni otras actividades más allá de las de la supervivencia. Al mismo tiempo, muchos de los etarras que quedan están escondidos en el extranjero. La Policía indica que se encuentran repartidos entre Francia, Bélgica, Italia, Cuba y Venezuela. Aunque tanto ETA como la izquierda abertzale piden que puedan volver a sus hogares, muchos de ellos tienen asuntos pendientes con la Justicia española y no hay forma, ni voluntad, de que se les facilite el regreso.

Los tímidos pasos que ha dado el PP en materia penitenciaria, como los casos de Bolinaga y Valentín Lasarte, indican que algo ha comenzado a cambiar. Pero no demasiado. El resto de fuerzas políticas al completo, a excepción de UPyD, así como organizaciones de la sociedad civil y de mediación, como son el Grupo Internacional de Contacto y el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, apuestan por un acercamiento de los presos a su lugar de origen y la derogación de la jurisprudencia sentada por la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006, conocida comúnmente como doctrina Parot.

Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitirá el fallo sobre el recurso del Gobierno español contra la resolución de la corte europea de julio de 2012. Ese fallo exigió a España que la etarra Inés del Río, miembro del comando Madrid y condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, debía ser puesta en libertad porque nuestro país, con la doctrina Parot, había vulnerado dos artículos del Convenio de Derechos Humanos. De esta manera, a partir de esta semana es muy probable que esta jurisprudencia quede anulada y el Gobierno se vea obligado a imponer las reducciones de pena sobre el máximo legal de 30 años. Esto significa que más de 60 presos tendrían que ser puestos en libertad en los próximos meses. Además, se espera que el colectivo de presos (EPPK) emitirá una declaración abriendo la vía para que sus reclusos se acojan a medidas individualizadas, lo que sin duda facilitaría también que muchos pudieran salir antes de prisión.

Fuente: publico.es