Guantánamo
(Cuba) (AFP)
La defensa
de cinco acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 invocó el
martes la Convención Internacional contra la Tortura al iniciarse una nueva
serie de audiencias en Guantánamo para abordar los malos tratos que dicen haber
sufrido durante su detención secreta.
El fondo del
problema -los episodios de casi ahogamiento (el llamado 'submarino') y las privaciones
de sueño que los acusados habrían sufrido en las prisiones de la CIA- será
abordado a puerta cerrada, al tratarse de informaciones clasificadas, como
ordenó el juez a cargo, James Pohl. Previamente, los abogados habían protestado
de entrada contra las nuevas violaciones de sus "relaciones
privilegiadas" con sus clientes, con registros permanentes de la
correspondencia legal que intercambian con los reclusos, pese a una orden
judicial que los prohíbe.
"Usted
tiene el poder de desestimar la pena de muerte o de estos cargos por los
obstáculos a los que nosotros nos enfrentamos en este caso", dijo el
comandante Walter Ruiz, el abogado de Mustafá Al-Husaui. "Esta convención
(contra la tortura) da algunos derechos (...), derechos que no existen absolutamente
en este tribunal", argumentó Ruiz, señalando que su cliente "vive
dentro de una caja en la Bahía de Guantánamo, Cuba".
El
autoproclamado cerebro de los atentados, Jaled Cheij Mohamed, vestido con una
larga túnica blanca y el tradicional kufi, lucía como siempre una espesa barba
naranja teñida. Junto a los otros cuatro acusados, escuchó en silencio a los
abogados defensores exigir que declaren expertos internacionales, entre ellos
el antiguo relator especial de la ONU a cargo de la tortura, para invocar la
"Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes", firmado por la Organización de Naciones Unidas.
"Algunos aspectos reclaman un cierto conocimiento del derecho
internacional", declaró James Connell, el abogado del sobrino de Mohamed,
Ali Abd Al-Aziz Ali.
El Gobierno
estadounidense dijo que se opondría a esos testimonios, afirmando que el
tribunal militar de excepción no era el ámbito apropiado para dirimir si se
aplicaba o no la Convención contra la Tortura. El juez James Pohl señaló que no
tenía la potestad "de ordenar a nadie que deje Estados Unidos para venir a
Cuba" a testificar ante el tribunal militar de excepción.
Por su
parte, el comandante Ruiz argumentó que su cliente, ciudadano saudí, debería
poder comunicarse con su país, también signatario de la Convención, pero
"el gobierno estadounidense no se lo permitirá". Según el abogado
James Harrington, esto será un test para los tribunales militares especiales,
ya "bajo sospecha en el mundo".
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