Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Ante el involucramiento directo del presidente de Honduras, Juan Hernández, en el narcotráfico, se estaría incoando en el Ministerio Público un proceso acusatorio improvisado en su contra para evitar que sea extraditado a Estados Unidos.
“Tenemos información de que la Fiscalía del Ministerio Público está pretendiendo abrirle un proceso de manera improvisada, rápida, al señor Juan Orlando para poder obstaculizar el proceso de extradición”, dijo la abogada y jueza de sentencia de San Pedro Sula, Gracia María Bertrand en una entrevista con Criterio.hn.
La jurista advirtió al Ministerio Púbico que en caso de ser cierta la versión, que se está manejando y que ella conoció por algunas fuentes, se estaría cometiendo el delito de obstrucción de la justicia.
Lo anterior implicaría, según Bertrand que, si la Corte del Distrito Sur de Nueva York determina que hay obstrucción en el convenio de extradición, el gobierno estadounidense, en amparo del Convenio de Palermo y otros convenios internacionales relativos al narcotráfico y corrupción, pudiera aplicar una sanción a Honduras a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bertrand tampoco cree que Estados Unidos replique lo que pasó a finales de la década de los 80 con la captura y expatriación del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros o que el Fiscal General de la República se arriesgue a seguir encubriendo como ocurrió en el caso de Juan Antonio “Tony” Hernández en el que ha quedado evidenciado que la estructura del Estado de Honduras fue utilizada para sus actividades ilícitas.
Sin embargo, advirtió que si las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, no colaboran podrían ser enjuiciadas por el delito de obstrucción a la justicia en la misma corte de Estados Unidos donde se han venido manejando los juicios a los capos de la droga incluyendo el del hermano del presidente hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado el pasado viernes, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el juez Kevin Castel, a cadena perpetua, más 30 años de reclusión y el resarcimiento de $ 138.5 millones.
La jueza manifestó que tanto el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, están siendo investigadas por Estados Unidos por diversos delitos.
La jueza explicó ampliamente sobre el proceso de extradición vigente con Estados Unidos desde el año 2013 con base a la reforma del artículo 102 de la Constitución de la República y lo establecido en la Convención de las Naciones contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, vigente desde 2004, más conocido como “Convenio de Palermo” y de la cual el Estado de Honduras es signatario.
La reforma constitucional efectuada en enero de 2012 permite la extradición de personas vinculadas con delitos de tráfico de estupefacientes de cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada.
La profesional del derecho recordó que, en virtud de que no existe una ley de extradición, la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia desde el 2013 un auto acordado mediante el cual se establece el procedimiento que se debe implementar para darle curso a las extradiciones.
En los últimos años el Poder Judicial y el Ministerio Público se han amparado en el auto acordado para abrir procesos judiciales contra personas pedidas en extradición por Estados Unidos, como ocurrió con el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina y el extinto empresario, Jaime Rosenthal Oliva. En ambos casos el Estado de Honduras decidió no entregar a los imputados.
“Esto se hizo como una improvisación para obstaculizar la entrega de estas dos personas, porque realmente el auto acordado no prohíbe la entrega o extradición de una persona que tenga proceso penal”, aclaró la jueza de sentencia, quien resume ambos casos como una obstrucción a la entrega de extraditables en delitos de crimen o delincuencia organizada transnacional.
En aras de esclarecer el panorama, la profesional del derecho persuadió a la opinión pública que en el ámbito normativo de delincuencia organizada, en primera instancia, se aplica el Tratado de Palermo, luego la Constitución y por último el procedimiento interno a través del Código Penal o Código Procesal Penal.
EL PRESIDENTE PUEDE SER EXTRADITADO AUN EN FUNCIONES
En cuanto a la versión de varios líderes de opinión incluso abogados, en torno a que el presidente de la República no puede ser entregado en extradición mientras esté en funciones, la jueza contrarrestó dicha aseveración al indicar que ni el Convenio de Palermo ni ningún otro marco jurídico lo prohíbe, por lo tanto, a su juicio, el gobernante hondureño podría ser enjuiciado en Estados Unidos cuando este país lo considere.
“No existe ninguna norma que prohíba la extradición de una persona independientemente del cargo que ocupe dentro de la administración pública, es decir, que el presidente de cualquier Estado suscriptor de la Convención de Palermo puede ser extraditado a razón de un proceso penal incoado por cualquier otro país donde haya utilizado estructuras criminales para introducir drogas, para transitar con armas o ya sea para actos de corrupción, que precisamente es lo que habla el Convenio de delincuencia organizada transnacional del que Honduras forma parte”, expresó la abogada.
Bertrand no cree que exista un ambiente favorable para que se abra un proceso de extradición al gobernante porque la institucionalidad de Honduras ha sido secuestrada.
A su juicio el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, quien ha fungido como juez natural en los casos de extradición, tendría que recusarse de conocer una posible extradición del mandatario porque ambos tienen un grado de “amistad íntima”. “Ellos son amigos desde la infancia”, de hecho, fue el presidente quien colocó a “Rolando Argueta en un puesto clave, como es la presidencia de la Suprema Corte”.
DIPLOMACIA
La semana pasada el exasesor de Barack Obama, Dan Restrepo, dijo que, si el presidente de Honduras no estuviera en el poder, sin lugar a duda sería enjuiciado por Estados Unidos.
Para la jueza lo dicho por Dan Restrepo “es una cuestión meramente diplomática para mantener una buena relación con un Estado”.
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