Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – La cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), persiste en ocultar la operación de cientos de millones de lempiras en el ente de pensiones de los comunicadores, al incumplir con la publicación de información de sus operaciones financieras y administrativas violando la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en una evaluación sobre el cumplimiento de la publicación en el Portal Único de Transparencia por parte de las instituciones obligadas, divulgada el miércoles, situó entre las que “no cumplieron” al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), caracterizado por el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y otorgamiento de míseras e ilegales pensiones.
Los directivos del CPH en el IPP, están obligados a publicar la información del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP, debido a que captaron más de 53 millones de lempiras de fondos públicos en cumplimiento de la ley de creación de la institución de pensión de los periodistas, pero se resisten pretendiendo ocultar las irregularidades en el ente de previsión.
El ente de pensiones de los periodistas es escenario de episodios similares a los que han ocurrido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el sistema de previsión del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), en los que directivos y administradores han sido condenados a penas de cárcel.
La evaluación en el período de enero a junio del año 2020 es la octava en la que los directivos del CPH son descalificados por no cumplir la obligación de publicar información de sus operaciones financieras y administrativas del IPP en el Portal Único de Transparencia.
El sistema evaluación de cumplimiento del IAIP, establecía hasta su informe previo de julio a diciembre de 2019, una calificación porcentual de cumplimiento, y hasta entonces por séptima vez, los directivos del ente de pensiones obtuvieron una calificación de cero por ciento por negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente de pensiones.
La cúpula de la organización gremial también se escuda en un decreto de impunidad, que les amplió el Congreso Nacional para eludir la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el ente de pensiones, tarea que si cumple el ente supervisor en las restantes instituciones de previsión.
La presidencia en el ente de pensiones de los periodistas, la ocupó desde principios de 2017 hasta enero de 2021 el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, actual director de Radio Cadena Voces (RCV), que se opuso tenazmente a publicar la información y que la institución se someta a la auditoría de la CNBS.
Una larga investigación de Criterio.hn a través de más de 40 artículos, expusieron el blindaje otorgado por diputados nacionalistas y liberales de la facción leal al expresidente Carlos Flores Facussé , para no rendir cuentas en el IPP, al igual que el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y asignación ilegal de pobres pensiones y negación de derechos a los afiliados.
El IPP desde que empezó a operar en 1987, ha administrado cientos de millones de lempiras sin la auditoría de la CNBS y la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH). También de manera sistemática niega información administrativa y financiera a los afiliados que la solicitan.
La nueva descalificación para los directivos del CPH, es la octava desde el año 2016 en la evaluación de cumplimiento de la publicación en el Portal Único de Transparencia.
El IAIP impuso en el pasado también dos multas en 2020 de 29.000 lempiras a Rodríguez Coello por violar la ley de Transparencia, y de 8.000 lempiras en el 2016 al expresidente de la agrupación gremial, Eduin Natividad Romero, por la misma causa.
Romero fue presidente de la gremial entre 2015 y 2016, y máximo dirigente del Tribunal del CPH y directivo del IPP hasta enero de 2021.
Los periodistas directivos en el ente de previsión libran una lucha tan tenaz para evitar publicar y compartir información de las operaciones, que han gastado más de medio millón de lempiras en el pago abogados para evitar publicar información o entregar información a afiliados.
Entre los abogados contratados por los directivos del CPH en la cruzada antitransparencia, figuran un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un exFiscal General del Ministerio Público, un exmagistrado del poder Judicial y un exdiputado que han ofrecido asesorías y apoyado para presentar unos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del IAIP ordenando entregar información.
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