Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – Honduras cuenta desde hace cuatro años con un marco legal que establece las fuentes de financiamiento político, pero hasta la fecha nadie sabe el origen de los dineros con los que los políticos realizaron las campañas electorales de las elecciones de 2017.
El escenario es preocupante porque se está a las puertas de un nuevo proceso electoral que comenzará el domingo 14 de marzo con las elecciones primarias y las denuncias sobre el financiamiento procedente del narcotráfico y de la utilización de los fondos públicos de manera ilícita, siguen sin que hasta el momento las instituciones encargadas de frenar esta situación hagan algo.
El 18 de enero de 2017 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Decreto número 137-2016 que contempla la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos y ocho meses después entró en funcionamiento la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), instancia creada a lo interno del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral (CNE) y que es la institución encargada de realizar la fiscalización.
La ley fue creada por presiones de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que denunció que los fondos de varias instituciones del Estado habían sido drenados para financiar las campañas políticas del gobernante Partido Nacional y también certificó que el Partido Liberal y Faper, habían participado en la trama, a través del afamado caso Pandora.
La ley se hizo necesaria también porque en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York se ha venido denunciado en los últimos años que el Partido Nacional y el presidente de la República, Juan Hernández, han recibido fondos de los narcotraficantes para financiar sus campañas.
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