Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.- Para esta semana, los defensores de Guapinol ilegalmente encarcelados desde el 1 de septiembre de 2019 deben ser liberados por la Corte de Apelaciones de La Ceiba.
El viernes pasado, las magistradas Irasema Guillén y Rubenia Galeano, Jimmy Chirinos, Garín Enoc Urquía, recibieron el recurso de apelación que se presentó contra el fallo arbitrario del 19 de diciembre de 2020 emitido por la Jueza Zoé Guifarro del Juzgado de Letras de Tocoa, quien, sin fundamento jurídico, negó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva durante una esperada audiencia, violando la Constitución, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales.
Los defensores de Guapinol ahora dependen de la independencia judicial de los magistrados para poner fin a la prisión arbitraria.
Además de no considerar las razones por las que los defensores deberían ser liberados, a saber, que no presentan riesgo de fuga, no forman parte de un grupo ilegal, sino de una organización de derechos humanos reconocida nacional e internacionalmente, y que no son una amenaza para la investigación de los supuestos hechos ocurridos hace dos años y medio, Zoe Guifarro ni siquiera consideró el ofrecimiento de fianza, que es una garantía constitucional protegida.
El derecho nacional e internacional establece claramente que la prisión preventiva sólo debe utilizarse en circunstancias extremas cuando el Ministerio Público ha probado que se cumplen los requisitos para una medida privativa de libertad, lo que no ocurre en este caso. No hay ninguna justificación legal para la detención continuada de los defensores y el tribunal de apelaciones debe finalmente liberarlos.
Los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en la costa norte de Honduras han estado en prisión preventiva desde el 1ro de septiembre de 2019 por hechos relacionados con su participación pacifica en un campamento de protesta legitima que se estableció́ para proteger las fuentes de agua que nacen en el Parque Nacional de la Montaña de Botaderos Carlos Escaleras de las operaciones de minería de óxido de hierro.
Existen innumerables ilegalidades y actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de licencias para el funcionamiento del proyecto, además de las denuncias de contaminación ambiental, ninguno de los cuales ha sido investigado por las autoridades responsables.
El caso Guapinol ha sido objeto de atención nacional e internacional, ya que destaca las restricciones que existen en Honduras en relación con la libertad de asociación, de reunión y el derecho a protestar contra los proyectos de extractivos impuestos sin el consentimiento de comunidades afectadas.
La apelación fue presentada inmediatamente después del fallo de diciembre, pero no fue transferida por el Juzgado de Tocoa hasta el viernes, 22 de enero. De acuerdo con el Código Procesal Penal de Honduras, la Corte de Apelaciones tiene tres días para revisar la apelación y emitir un fallo jurídico, no político.
Hoy, personas jurídicas expertas presentan un informe amicus curiae en la Corte de Apelaciones de La Ceiba. El documento legal debe ser tomado en consideración por los magistrados cuando se pronuncien sobre el caso.
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