Por: Eugenio Sosa y Claudia Mendoza
Miembros del equipo de analistas del CESPAD
A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.
El 21 de abril del 2020, en horas de la tarde, el país conoció la noticia de la destitución del Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Rubí. La destitución que ordenó Juan Orlando Hernández, de este ingeniero de profesión, acontece en medio de la fusión de dos contextos: el contexto post-MACCIH y el contexto de la pandemia COVID-19. ¿Qué implica la fusión de ambos? La movilización de miles de millones de lempiras en un escenario perfecto para las redes de corrupción e impunidad que operan en Honduras.
Desde que se conoció públicamente, en el mes de febrero del 2020, que el gobierno destinó los primeros 110 millones de lempiras para enfrentar la posible llegada del coronavirus, las alarmas se dispararon. Organizaciones como el Consejo Nacional Anti-corrupción (CNA), el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), entre otras, advirtieron sobre los peligros de la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas. Pero semanas después, al destinarse más dinero y realizarse las primeras compras por COPECO e INVEST-H, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron compras sobrevaloradas, entre otro tipo de irregularidades.
Ante la presión de una sociedad que “bombardeaba” por doquier las evidencias de los supuestos actos de corrupción en el manejo de pandemia COVID-19, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se vio obligado a actuar y emitir un informe que confirmaba las irregularidades. Y no era para menos, algunos funcionarios, incluso, dieron un paso atrás y proporcionaron alguna información sobre las compras en COPECO e INVEST-H, como la Secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien afirmó que “ella entregaba las asignaciones, pero que las instituciones son las que deben rendir cuentas de las compras y el uso que le dan al dinero”. Incluso la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), tuvieron que salir al paso y declarar que no habían acompañado las compras de organismos como COPECO e Invest-H. El FONAC, incluso, a través de su cara visible, Omar Rivera, se vio obligado a decir que la única actividad que ha acompañado su institución, es la entrega del “saco solidario”.
Los alcances tras el telón
En principio, no debe perderse de vista que la corrupción es uno de los factores de pérdida de legitimidad del gobierno de Hernández que hoy, en el contexto Covid19, busca legitimidad en sus acciones, pero recurre a instancias y personas que están bajo su control. De allí la explicación de la reactivación del FONAC, bajo la conducción de Rivera, una de sus personas de confianza que carga el discurso de sociedad civil. Pero esto no le resuelve el problema porque el FONAC y Rivera no tienen posibilidades de garantizarle alguna legitimidad ante sociedad hondureña.
En segundo lugar, un gobierno como el de Hernández, con una legitimidad muy escasa, con una pandemia compleja con enormes sacrificios para diferentes sectores del pueblo hondureño, actos de corrupción que deben servir para atender la pandemia (en la que hay muchas precariedades), podría generar crisis de ingobernabilidad muy profundas.
En tercer momento, con la actuación del TSC, la destitución de Rubí y el anuncio de que ahora las compras la hará la Organización de las Naciones Unidas, Hernández busca salir bien librado o por lo menos no más deteriorado de la pandemia. Sabe que la corrupción es uno de los temas débiles de su gobierno.
Ahora bien, si el Ministerio Público no actúa, no investiga y no castiga a los corruptos en el marco de la pandemia, nada le funcionará. Para recuperar legitimidad tendría que abrirse a la participación de organizaciones de la sociedad civil que son críticas de su gobierno, tal como lo han sugerido empresarios reconocidos y sobre todo la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, cuando pide al gobierno incorporar a la veeduría ciudadana a organizaciones de la sociedad civil como el CNA y FOSDEH y desconoce al FONAC.
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