Viernes 12 de mayo de
2017
HOUSTON (AP) -- Antes del
muro había una cerca y Estados Unidos todavía la está pagando. Mientras el
presidente Donald Trump trata de convencer a un Congreso escéptico que le dé
miles de millones de dólares para erigir su muro en la frontera con México, los
abogados del gobierno siguen disputando con los terratenientes texanos que
entablaron demandas en torno a una cerca aprobada hace más de un decenio. Esta
semana se celebraron dos acuerdos.
Las batallas legales en
torno a una cerca en apenas un tramo de la frontera han durado más que dos
presidencias. Si el gobierno de Trump insiste en sus planes de construir el
muro colosal prometido por él, tal vez deba podría verse obligado a demandar a cientos
de terratenientes, quizás algunos de los mismos.
La llamada Secure Fence
Act (Ley de Cerca Segura), sancionada en 2006 por el presidente George W. Bush
con el apoyo de muchos legisladores demócratas, asignó fondos para la
construcción de aproximadamente un tercio de los 3.200 kilómetros (2.000
millas) de frontera entre Estados Unidos y México.
Al final se instalaron
cercas por un total de 1.043 kilómetros (650 millas), 160 (100) de ellos en
Texas, el estado que tiene la frontera más larga con el vecino del sur. El
cauce irregular del río Bravo, el terreno accidentado y la propiedad privada
crearon una multitud de obstáculos mecánicos y legales y se requirieron cientos
de tratos con propietarios para quitarles parte de sus tierras.
En el valle del Rio Grande
(como se llama en Estados Unidos al río Bravo), en el extremo austral de Texas,
donde son detenidos la mayoría de los migrantes, tramos de la cerca de seis
metros (18 pies) de altura empiezan y terminan en barrios y tierras de
labranza.
El gobierno federal puede
recurrir al poder de dominio eminente para expropiar propiedad privada con
fines de utilidad pública a cambio de lo que la Constitución llama una
"compensación justa", pero el proceso puede demorar años si el
propietario decide apelar. El departamento de Justicia inició unas 400 demandas
bajo la ley de la cerca fronteriza, aunque no se la instaló en todas las
tierras reclamadas.
Algunos terratenientes
que resistieron con éxito durante una década recibieron nuevas ofertas en los
últimos meses, lo que suscita el interrogante de si las demandas por la cerca
allanarán el camino al muro. El departamento dice que no ha iniciado casos
relacionados con el muro y que se compromete a resolver mediante acuerdos los
90 casos pendientes.
Estos casos han sufrido
complicaciones y demoras y muchos terratenientes se preguntan qué les espera.
Un acuerdo resuelto esta
semana pagó 137.500 dólares al propietario de 6.000 metros cuadrados junto al
río Bravo al oeste de Brownsville, cerca de un campo de golf. El gobierno no
instaló la cerca en el campo, pero sí en las tierras vecinas. Después de una
década de discusiones se llegó a un acuerdo sobre la compensación.
"Es sumamente
frustrante para el terrateniente tener que esperar nueve años para resolver un
caso y que el gobierno se apodere de su tierra mucho antes de pagarle un solo
dólar", dijo Ken McKay, un abogado representante de la sociedad familiar
propietaria del terreno.
Rudy Cavazos recibió
7.000 dólares el mes pasado por un terreno de unos 2.000 metros cuadrados en su
propiedad en San Benito, Texas. El gobierno había levantado una cerca a lo
largo de un terraplén del río Bravo con permiso de la autoridad hídrica local,
creyendo que la tierra era de su propiedad, para descubrir luego que pertenecía
a una veintena de propietarios, Cavazos entre ellos.
Tras varios años de
impasse, a fines de 2016 Cavazos decidió aceptar un acuerdo porque estaba harto
de hablar con abogados del gobierno e ir al tribunal.
"Me pagaron mis
migajas", dijo. "Es la burocracia multiplicada por 10. Tienen un tipo
que suele venir a hablar conmigo y diablos, le pagan por eso".
Tres especialistas en
derecho dijeron a The Associated Press que la ley de la cerca autoriza al
gobierno de Trump a construir algo nuevo y más grande en tierras adquiridas
para la cerca. Se podría argumentar que una barrera similar a la clase de muro
prometido por Trump durante la campaña sería una versión actualizada de la
cerca existente.
En última instancia, si
el gobierno quiere construir algo más grande o que ocupe más frontera,
probablemente tendrá que comprar más tierra y tal vez iniciar cientos de
demandas.
Si bien no está claro
cuál será su forma definitiva, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly,
dijo el mes pasado que difícilmente irá "de costa a costa".
Como empresario
inmobiliario, Trump recurrió al dominio eminente en varios casos. En la década
de 1990, sus casinos en Atlantic City trataron de desalojar al dueño de una
vivienda para dejar el lugar a un estacionamiento.
Sin embargo, el director
ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, Mark Krikorian, partidario
de mayores controles sobre la inmigración, dijo que un muro presenta mayores
retos que un hotel o casino.
Con cientos de
terratenientes y abogados dispuestos a disputarlo, "tomará más tiempo y
será más difícil de lo que pensaba el presidente", aseguró.
