Domingo 21 de mayo de
2017
CARACAS (AP) — El
presidente Nicolás Maduro reaccionó el viernes con dureza contra su par
estadounidense Donald Trump, al que señaló de promover una intervención en
Venezuela, declaración que se da un día después que Washington sancionara a
ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en medio de una creciente
espiral de violencia que han dejado más de 40 fallecidos y casi mil heridos en
ocho semanas de protestas.
Durante una concentración
con seguidores a las afueras del palacio de gobierno, Maduro se dirigió a Trump
y lo señaló por promover una “intervención imperialista” en Venezuela. “Go home
Donald Trump! ¡Fuera Donald Trump de Venezuela!”, dijo el mandatario al
endurecer su postura hacia su homólogo estadounidense tras varios meses de
mantener un discurso moderado.
Más temprano, el gobierno
emitió un comunicado para rechazar las declaraciones que ofreció Trump la
víspera y lo acusó de cometer agresiones que han “sobrepasado todos los
límites” y de alentar un “injerencismo grosero” en Venezuela, que ha tenido por
años tirantes relaciones con Washington.
Caracas exigió al
gobierno estadounidense que cese el “financiamiento ilegal” de factores
opositores a los que acusó de recurrir a la violencia y el “terrorismo” para
derrocar al presidente Maduro.
El Departamento del
Tesoro de Estados Unidos sancionó la víspera al presidente del máximo tribunal
venezolano, Maikel Moreno, y a los siete magistrados de la Sala Constitucional
que fueron responsabilizados de usurpar con sus sentencias la autoridad del Congreso.
La sanción, la segunda
que toma la administración de Trump contra funcionarios venezolanos, contempla
el congelamiento de los bienes en Estados Unidos de los ocho magistrados. En
febrero el Departamento de Tesoro había sancionado al vicepresidente venezolano
Tareck El Aissami por narcotráfico.
Moreno señaló a
Washington de tratar de “coaccionar” a los jueces del Tribunal Supremo al
aplicar acciones que sostuvo que “no cumplen” los requisitos de los tratados
internacionales y dijo el viernes a la prensa que la sanción no será
trascendente. "Los propósitos imperiales movidos por intereses oscuros
pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para tomar control de la
administración de justicia", dijo el magistrado en declaraciones difundidas
por el canal de noticias Globovisión.
Por su parte, la
canciller Delcy Rodríguez señaló en una visita a la isla caribeña de Barbados,
que Caracas no reconoce “medidas unilaterales extraterritoriales” y adelantó
que tomarán acciones diplomáticas siguiendo instrucciones de Maduro, pero no
ofreció más detalles.
En medio del creciente
espiral de violencia, Daniel Rodríguez, de 18 años, murió este viernes en un
centro de salud al que había ingresado por una herido que sufrió en la cabeza
durante una reunión de vecinos de la localidad de Santa Ana del Táchira, en el
estado de Táchira, que fue atacada por un motorizado armado, indicó a The
Associated Press la alcaldesa de esa población, Virginia Vivas.
Entre el lunes y el
viernes cinco personas fallecieron en ese estado, una en el estado de Barinas,
otra en la localidad de San Antonio a las afueras de Caracas y otra en la
ciudad de Maracaibo.
Ante el recrudecimiento
de las protestas y los saqueos a decenas de comercios, el gobierno envió 2.600
militares a la zona, estado fronterizo con Colombia, pero las manifestaciones
no han cesado ni se ha logrado contener la acción de motorizados armados en las
calles, denunciaron autoridades estatales y dirigentes empresariales.
En la madrugada del
viernes en la localidad suroccidental de Tovar, en el estado de Mérida, se
registraron violentos disturbios callejeros que culminaron en enfrentamientos
entre los habitantes de esa población y las fuerzas de seguridad que dejaron
varias decenas de heridos, entre ellos algunos guardias nacionales, reportaron
medios locales. Algunos de los manifestantes atacaron e incendiaron la entrada
del comando de la Guardia Nacional de esa localidad, la tercera instalación
militar atacada en lo que va de esta semana.
Las manifestaciones
comenzaron a fines de marzo a raíz de dos sentencias de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno,
en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y
limitó la inmunidad de los diputados, que luego revirtió.
