Martes 23 de mayo de 2017
La huida de salvadoreños
a EE.UU. continuará si no se atienden "decisivamente" las razones que
obligan a los jóvenes a ingresar a las pandillas, dijo a Efe José Miguel Cruz,
uno de los autores de un informe divulgado hoy por la Universidad Internacional
de Florida (FIU).
El estudio, presentado en
Washington, es el primero realizado por una universidad estadounidense en El
Salvador, donde fueron entrevistados 1.200 pandilleros y expandilleros de la
Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que se han expandido en los últimos veinte
años en ese país centroamericano.
"Las pandillas
juveniles contemporáneas son mucho más numerosas, su presencia se ha extendido
a lo largo de la mayoría del territorio, y sus actividades son
significativamente más violentas, estratégicas y complejas", resalta el
informe.
Cruz, director del Centro
Kimberly Green para Latinoamérica y el Caribe de FIU, precisó que de ser
jóvenes que vagaban por las calles y cometían fechorías se convirtieron en
grupos más estructurados y violentos, que incluso han llegado a negociar con el
Gobierno salvadoreño.
Sin embargo, explicó que
pese a ese fortalecimiento, el informe halló que las razones para unirse a
estos grupos de extorsionistas siguen siendo las mismas.
"Las motivaciones
son familias muy problemáticas y falta de oportunidades", indicó este salvadoreño
experto en criminología y pandillas.
Para el investigador, si
no se atienden estas problemáticas de forma "decisiva", no se podrá
detener la inmigración de niños, jóvenes y familias a Estados Unidos, como la
oleada de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que en 2014 creó una
"crisis humanitaria".
Explicó que el informe
fue encomendado en 2016 por el Gobierno federal estadounidense como parte de
los estudios para determinar las condiciones de violencia que llevaron a la
migración de más de 68.000 menores en 2014.
Cruz dijo que en contra
de la "presunción" de las autoridades policiales, el estudio concluyó
que sí es posible que los pandilleros abandonen estos grupos violentos, aunque
reconoció que no es fácil lograrlo.
"Incluso si a un
miembro se le permite salir de una pandilla, él debe luchar constantemente para
reinsertarse en la sociedad. Esto es casi siempre un esfuerzo agotador",
señala el análisis titulado "La nueva cara de las pandillas callejeras:
MS-13 y el fenómeno pandillero en El Salvador".
El estudio subraya que
muchos pandilleros carecen de la educación necesaria para convertirse en
miembros productivos de la sociedad, algunos son adictos a las drogas o alcohol
o sufren problemas psicológicos, además de los antecedentes criminales que
tienen muchos de ellos.
Cruz agregó que la
situación se empeora con un sistema judicial demorado y un sistema
penitenciario con altas tasas de encarcelamiento y hacinamiento.
El hacinamiento llega a
alcanzar "tasas del 300 %", dijo.
Según el estudio, el
atraso en el sistema de justicia significa que muchas personas están en
detención preventiva por meses e incluso un año, "pese a que la ley
permite solo hasta tres días en las llamadas bartolinas", que son los
calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al ser operadas por la
Policía, los reclusos deben pagar por su comida en las bartolinas.
Algunas de esos calabozos
se han convertido en pequeñas prisiones, señala el informe, financiado por el
Departamento de Estado de Estados Unidos y realizado con la colaboración de la
Fundación para el Desarrollo Nacional de El Salvador (FUNDE).
En ese sentido, Cruz
enfatizó que lo más efectivo es evitar que los jóvenes "se metan" a
las pandillas.
Aseguró que es una
necesidad hacerlo ante el "espectacular" crecimiento de la Mara
Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que además tienen a su alrededor una "red
social" de por lo menos 400.000 salvadoreños.
Señaló que una de las
principales conclusiones de las entrevistas con los pandilleros es que sí es
posible trabajar con ellos para que abandonen estos grupos criminales y así
disminuir la violencia.
Cruz invitó al Gobierno
de El Salvador, que ha cifrado en 30.000 a 35.000 los miembros que tenían ambas
pandillas en 2016, a "seguir apoyando los programas de prevención social
del delito".EFE
