Martes 11 de
abril de 2017
El gobierno
de Honduras, un país golpeado por la violencia criminal, cumple este miércoles
un año desde que inició la formación de una nueva policía, luego de que altos
mandos de la institución fueran destituidos por vínculos con el narcotráfico y
el crimen organizado.
El proceso
lo lleva a cabo la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la
Policía, nombrada el 12 de abril del 2016 por el presidente Juan Orlando
Hernández con tres miembros de la sociedad civil y el ministro de Seguridad,
Julián Pacheco.
"La
construcción de nueva policía va caminando y no nos vamos a detener",
proclamó recientemente el presidente. "Este es un proceso de mediano y
largo plazo", añadió.
Tras la
evaluación de 9.234 miembros, fueron destituidos 3.919 agentes y oficiales en
marzo pasado, anunció la Comisión en un informe. Antes, había anunciado la
incorporación de 4.063 efectivos para el reemplazo y planes de elevar a 26.000
el número de miembros en 2022.
- Fuerzas
infiltradas -
La Comisión
fue organizada al trascender en la prensa local y estadounidense que los
miembros de la cúpula policial, pagados por narcotraficantes, mandaron a matar
al zar antidrogas, Julián Arístides González, en 2009 y al asesor en seguridad
Alfredo Landaverde en 2011.
La Comisión
da seguimiento "a los procesos de investigación criminal de los agentes y
oficiales cancelados (cesados, ndlr) con indicios de haber cometido delitos y
crímenes", aseguró el miembro de la Comisión, Ormar Rivera.
Agentes
consultados por la AFP que pidieron no revelar sus nombres aseguraron que el
riesgo de volver a caer en la corrupción persiste por los bajos salarios,
citando como ejemplo que un agente recibe unos 300 dólares al mes, aunque
reconocieron que las condiciones han mejorado, sobre todo las instalaciones y
la dotación de uniformes y armas.
- Víctimas
inocentes -
Uno de los
oficiales "depurados", comisionado Henry Osorto, aseguró a la AFP que
"no se siguió el debido proceso" y "han sacado gente inocente
que no ha tenido participación en ningún delito".
"Hay
grandes intereses" en la depuración, "lo que se está ventilando es
que políticos han sido los principales colaboradores" del narcotráfico,
afirmó Osorto.
El pasado 6
de marzo, al comparecer en una corte de Nueva York, un exjefe del poderoso
cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, involucró en la logística
para el tráfico de drogas al expresidente (2010-2014) Porfirio Lobo y al
ministro de Seguridad actual, Pacheco.
También
mencionó a un hermano del actual presidente, el diputado Antonio Hernández,
además de militares y políticos. Todos rechazaron los señalamientos.
Desde que
asumió en enero de 2014, Hernández anunció una ofensiva contra los carteles de
drogas, las pandillas y otros criminales con el argumento de bajar la tasa de
homicidios, para lo cual también incorporó a las fuerzas armadas en las tareas
policiales.
Honduras
registra una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi nueve
veces el promedio mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), de 6,7 por 100.000.
Siete de
cada diez homicidios son atribuidos por el gobernante al narcotráfico, que
utilizan al territorio hondureño para enviar drogas a Estados Unidos.
El 22 de
marzo pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Reconoció que desde 2011 se redujo en 30% la tasa de homicidios, pero recomendó
que "el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de
seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser
limitado en el tiempo".