Martes 07 de julio de 2015 – 08:20 PM
Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento social
"Oposición Indignada" de Honduras expuso hoy a una misión observadora
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su exigencia de que se cree una
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), como condición
para sentarse en un diálogo llamado por el Gobierno.
"No podemos dialogar con el Gobierno si no
acepta la instalación de la Cicih, se lo hemos dicho a la misión observatoria
de las Naciones Unidas con la que nos hemos reunido hoy", dijo a Efe
Miguel Briceño, uno de los seis coordinadores del grupo que se reunió con los
enviados de la ONU.
La reunión se celebró en la Casa de Naciones Unidas
en Tegucigalpa, y según indicó Briceño, los representantes del organismo
mundial "solamente han venido a escuchar a los diferentes sectores
sociales, después presentarán un informe a la ONU en Nueva York y entonces se
sabrá si intermediarán en el diálogo".
Los enviados de la ONU conocieron, por escrito, los
argumentos de la "Oposición Indignada" para la instalación de la
Cicih, lo que se requiere para participar en un diálogo y las razones que,
según ellos, deslegitiman la iniciativa del Gobierno.
Los "indignados" exigen una Cicih
"con independencia administrativa, técnica, funcional y presupuestaria que
funcione con independencia de los tres poderes del Estado de Honduras" y
que "cuente con una Agencia Técnica Policial responsable de investigación
científica del delito".
Consideran además que la Cicih debe hacer una
"persecución penal pública de manera independiente, presentando denuncias
ante la autoridad competente y como querellante adhesivo en los procesos
penales", según el documento entregado a la misión de la ONU.
La Comisión se debe instalar en Honduras "por
un período mínimo de cinco años por dos períodos presidenciales consecutivos
para terminar con la impunidad y permitir que la Cicih tome ventaja de toda la
información que va a estar disponible cuando se dé el cambio de gobierno",
añade la misiva.
La Cicih deberá contar "con el acompañamiento
de las instancias internacionales y de organismos de derechos humanos en
materia de justicia y derechos humanos".
Además, deberá transparentar "públicamente las
hojas de vida de los mentores nacionales e internacionales que proporcionarán
la asesoría en la materia", señala el documento.
Unas tres horas antes de la reunión en la Casa de
Naciones Unidas, la Policía Nacional "reubicó" a unos catorce
manifestantes que desde hace catorce días se han venido sumando a una huelga de
hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, para exigir también la
creación del organismo.
Aunque los manifestantes alegaban que se trataba de
un "desalojo violento", una funcionaria de la Secretaría de Seguridad
lo negó.
"Es una reubicación del espacio donde ellos han
estado instalados. Se está respetando el derecho a la huelga. El Gobierno lo
que está haciendo es rehabilitar la vía", dijo a periodistas la jefe del
Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Sagrario
Proudoth.
El lugar de la huelga se ubicaba en una calle frente
a la Casa Presidencial, vía que ha permanecido cerrada desde hace dos semanas
por la manifestación del grupo, que también se denomina "indignados"
y exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y sus ministros.
La vía pudo ser abierta después de 6 horas de
intentos, debido a que otro grupo de personas, identificadas como miembros de
un comité indígena del occidente, cerró el paso en solidaridad con los
huelguistas.
El lunes, el presidente recordó que hace dos semanas
también propuso "un Sistema Integral Hondureño de Combate contra la
Corrupción y la Impunidad (Sihcic), que es un sistema amplio que toma en
consideración todos los aspectos necesarios para el fortalecimiento del sistema
de justicia en el país".
El sistema incluye cinco áreas, el fortalecimiento y
acompañamiento de la labor del Ministerio Público; el fortalecimiento y apoyo a
la labor del Consejo de la Judicatura; la creación de un Observatorio de la
Justicia y un sistema para el fortalecimiento de la seguridad personal, familiar
y patrimonial de jueces y fiscales.
Se suma un sistema de transparencia para las
actuaciones del sector privado.
Esa iniciativa global "constituye un solución
integral y completa para el fortalecimiento de la aplicación de la justicia en
el país", subrayó el dignatario.
"Este diálogo es abierto y sin condiciones. Lo
hemos iniciado, es muy diferente a los diálogos tradicionales, en donde siempre
participan los mismos actores", subrayó Hernández, quien asumió el poder
el 27 de enero de 2014.
Reiteró que su Gobierno quiere "escuchar a
todos" los sectores y que por eso también se movilizará al interior del
país. EFE
