Viernes 19 de junio de 2015 – 06:30 PM
En momentos en que la Casa Blanca y sus socios
centroamericanos intentan convencer a un reacio Congreso estadounidense de
aprobar un plan de desarrollo regional, escándalos de corrupción en Honduras y
Guatemala complican las posibilidades de que la iniciativa vea la luz del día.
Luego de que una avalancha de menores
centroamericanos ingresara ilegalmente a Estados Unidos el año pasado, los
gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador concatenaron un proyecto junto
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cortar el ciclo de
violencia y falta de oportunidades que impulsa las emigraciones.
La llamada "Alianza para la Prosperidad"
obtuvo la bendición del presidente Barack Obama, quien pidió al Congreso aprobar
1.000 millones de dólares de ayuda, subrayando que mejor educación y empleo en
esos países haría más por frenar las migraciones que los muros o la patrulla
fronteriza.
La región "puede ser la próxima gran historia
exitosa en el continente", dijo el vicepresidente Joe Biden, que se ha
reunido con regularidad con los mandatarios regionales.
A imagen del Plan Colombia, los tres países
centroamericanos prometieron que el monto de recursos propios será superior al
que aporte Washington, y que también incluiría seguridad y lucha contra la
corrupción.
Pero esos esfuerzos ahora se topan con dos
investigaciones por corrupción que tienen en el centro a los presidentes de
Guatemala, Otto Pérez, y de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Para Eugenio Sosa, profesor de Sociología de la
Universidad Nacional de Honduras, "hay una incapacidad para garantizar la
transparencia en el manejo de los recursos".
- Munición para los escépticos -
Esa situación "le da munición a las personas
que no quieren gastar dinero en esos países más que en lo militar", dijo a
la AFP Demetrios Papademetriou, experto para Centroamérica del Migration Policy
Institute.
El "gran desafío de los próximos meses"
será si se aprueba todo el proyecto o solo los recursos para seguridad, y al
final se verá cómo se materializan, señaló Papademetriou.
"Al Congreso no le gusta gastar dinero en
desarrollo" porque cree que los efectos son muy limitados, de largo plazo
y difíciles de identificar, añadió.
Incluso sin los escándalos recientes, la Casa Blanca
ya enfrentaba resistencia al plan en el Congreso estadounidense, tanto de los
opositores republicanos como de sus aliados demócratas.
"Hemos gastado miles de millones de dólares
allá durante décadas y hemos visto las condiciones empeorar en Honduras,
Guatemala y El Salvador", dijo en febrero pasado Patrick Leahy, líder de
los demócratas en la Comisión de Adjudicaciones del Senado en una audiencia con
el secretario de Estado, John Kerry.
Para el exguerillero y profesor universitario salvadoreño
Roberto Cañas, el Congreso estadounidense "no termina de entender la
corresponsabilidad en la migración forzosa provocada por la violencia y la
falta de oportunidades".
- Créditos del BID -
En Honduras, Hernández admitió que su Partido
Nacional (PN, derecha) recibió unos 136.000 dólares de recursos desviados del
Instituto de Seguridad Social, pero descartó cualquier responsabilidad en el
desfalco y ordenó investigaciones.
Las medidas, sin embargo, no han impedido las
manifestaciones callejeras de miles de hondureños que lo acusan de financiar su
campaña electoral con fondos malversados y piden su renuncia.
La situación es más crítica en Guatemala, donde el
Congreso analiza levantar la inmunidad del presidente Pérez por un escándalo de
fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que ya se
cobró la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Hernández se reunió con Biden el miércoles en
Washington y se mostró optimista del futuro del plan en el Congreso.
Según el mandatario hondureño, senadores y
congresistas estadounidenses han viajado a Honduras y "tienen una
radiografía muy clara" de cómo su gobierno ha respondido a los
señalamientos por corrupción.
Pero Sosa duda que esas acciones tengan "la
fortaleza como para decir que (el gobierno) va a tener credibilidad en el
Congreso de Estados Unidos".
El diputado del opositor partido TODOS (derecha) en
Guatemala, Paul Briere, anticipa que los escándalos elevarán la barra para el
desembolso de los fondos porque generan la imagen "de que no podemos hacer
buen uso del gasto público".
"Si se empiezan a dar señales del buen uso del
gasto público yo imagino que (los congresistas) sí lo darían, aunque imagino
que pondrán un poco más de condiciones definitivamente", dijo a la AFP
Briere, quien preside la comisión del Migrante.
Pero Cañas ve muy difícil que la desconfianza en el
Congreso se pueda superar.
La "opción más clara" es gestionar los
recursos a través de préstamos del BID, aunque sea "una opción lesiva para
las precarias economías de los tres países", apuntó.
