Jueves 25 de junio de 2015 – 04:10 PM
Guatemala.- Las
autoridades de Guatemala desarticularon hoy una supuesta trama de corrupción
organizada por el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de apropiarse
durante su mandato, en 2013, de unos 80.000 dólares a través de la contratación
irregular de agentes de seguridad.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicaron en rueda de
prensa que la empresa PSE S.A., vinculada a Muadi, diputado elegido en 2012 con
el gobernante Partido Patriota (PP), se adueñó de 630.000 quetzales (unos
82.000 dólares) pagados por el Congreso por servicios de seguridad.
El legislador, quien goza de inmunidad, fue acusado
por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, según detalló
la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.
Las autoridades capturaron al jefe de la empresa de
seguridad PSE S.A., José Estuardo Blanco Aguilar, y a la secretaria de la
firma, Claudia María Bolaños, durante seis allanamientos en la Ciudad de Guatemala
y otro más en el poblado en Mixco.
La fiscal explicó en compañía del comisionado de la
Cicig, el colombiano Iván Velásquez, que Muadi habilitó como presidente del
Congreso la contratación de 15 agentes de seguridad, por un salario de entre
8.000 o 9.000 quetzales (900 a 1.100 dólares), aunque finalmente solo recibían
alrededor de un 25 por ciento.
"Estas personas contratadas por el Congreso no
recibían el salario pactado", explicó Velásquez.
La secretaria de PSE S. A., Claudia María Bolaños,
que gestionó la contratación de los agentes y tenía acceso a la "firma
registrada" de los mismos, abrió cuentas bancarias sin el conocimiento de
los agentes, para recibir los 15 salarios del Congreso, añadió el comisionado.
La trabajadora de la empresa ligada a Muadi pagaba
posteriormente, en efectivo, un total de 2.000 quetzales (250 dólares) a los 15
agentes de seguridad, y se adueñaba del resto.
"Esto implica que durante los seis meses en que
se llevó a cabo esto, entre junio y diciembre de 2013, se obtuvieron un total
de 630.000 quetzales", detalló Velásquez, en referencia al monto obtenido
por la empresa ilícitamente y que debió terminar en los bolsillos de los
agentes.
Aldana enfatizó que gracias a la investigación
"tenemos pruebas documentadas y declaraciones testimoniales" para
confirmar las acusaciones.
Ambos profundizaron en dos de los 15 casos, con
presuntos registros de cuentas bancarias en los que se evidencia el movimiento
del dinero a la empresa de Muadi, sin que supuestamente los agentes tuvieran
conocimiento de estas transacciones.
Las fuerzas de seguridad también allanaron el
departamento de Recursos Humanos del Congreso, en busca de evidencias del caso.
Los fiscales salieron del edificio con cajas llenas
de documentos "contables, registros y otros que van a servir" como
pruebas de la acusación, subrayó Velásquez.
Muadi, presidente del Congreso de enero de 2013 al
mismo mes en 2014, goza de inmunidad en su calidad de diputado, por lo que el
Ministerio Público solicitó un antejuicio para que el legislador pueda ser
investigado.
"La denuncia fue interpuesta a las 9.30 de la
mañana de este miércoles", dijo Aldana, quien detalló que el documento iba
acompañado con evidencias donde los registros comerciales de la empresa prueban
su vinculación con Muadi.
La solicitud será trasladada a la Corte Suprema de
Justicia, ente que decidirá si rechaza el retiro de la inmunidad o le da
trámite al caso y envía el expediente al Congreso, para que una comisión de
diputados estudie la acusación y decida si Muadi debe ser investigado sin
privilegios.
El MP y la Cicig, establecida en 2007 por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar estructuras clandestinas
dentro del Estado, han destapado cinco escándalos de corrupción en el gobierno
del presidente Otto Pérez Molina, durante los últimos dos meses.
Las autoridades detuvieron en abril a 27 personas,
entre altos funcionarios y particulares por contrabando y defraudación aduanera
en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En mayo, arrestaron a otras 17 personas por un
fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en una trama que
presuntamente involucra a toda la junta directiva de la entidad, quienes se
encuentran en prisión preventiva.
El MP y la Cicig acusaron este mes al diputado
opositor Baudilio Hichos por otro fraude al IGSS y aprehendieron a casi una
docena de personas por un desfalco millonario en el ministerio de Gobernación
(Interior). EFE