Domingo 14 de junio de 2015 – 11:30 AM
El Congreso de Guatemala creó una comisión de cinco
diputados para determinar si quitan la inmunidad al presidente Otto Pérez, por
una denuncia por su presunta responsabilidad en escándalos de corrupción en el
gobierno.
El presidente del Congreso, Luis Rabbé, dijo a
periodistas locales que en una sesión extraordinaria del viernes en la tarde se
creó la comisión, que será dirigida por el congresista opositor Baudilio
Hichos.
Los otros cuatro miembros son dos de la agrupación
Libertad Democrática (Líder, centro), al igual que Hichos, uno independiente,
aunque electo por el gobernante Partido Patriota (PP, derecha), y otro de
Compromiso, Renovación y Orden (Creo, derecha).
La elección de los integrantes se hizo por sorteo
entre los 158 diputados que forman el Congreso, con la única excepción de su
presidente.
El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del opositor
partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de
asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Según la acusación, Pérez tiene responsabilidad
directa en fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que
involucran a altos funcionarios de su gobierno.
Ahora la Comisión tiene que determinar si le elimina
o no la inmunidad al presidente, quien ha manifestado en varias ocasiones que
se mantendrá en el cargo argumentando que las investigaciones no lo vinculan
con los hechos.
Por otra parte, los magistrados de la Corte de
Constitucionalidad (CC), la máxima entidad judicial del país, rechazó un
trámite de acción a favor del mandatario, interpuesto por el abogado Édgar
Elías Corominal, quien es asesor del estatal Registro General de la Propiedad.
La CC resolvió suspender en definitiva el trámite de
la acción al considerar que Elías Corominal lo hizo sin el consentimiento del
gobernante.
El pasado 16 de abril la Fiscalía y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la
ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la
red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
Debido a los escándalos de corrupción, el pasado 8
de mayo renunció la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Entre tanto, el pasado 20 de mayo fueron arrestados
los presidentes del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro
Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario,
acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato
de medicamentos.