Sábado
06 de junio de 2015 – 10:00 AM
Tegucigalpa, Honduras - El
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, aseguró
que la corrupción es la violación más
directa a los derechos humanos, por lo que se vuelve indispensable luchar
contra ese fenómeno y castigar a los responsables.
Lamentó
que los tratados internacionales que se
aplican en la actualidad, contra la corrupción,
fueron elaborados y puestos en práctica sin tener presente el impacto
negativo sobre los derechos humanos de
las personas.
“La
corrupción se constituye en una violación directa a los derechos humanos de las personas porque desvía recursos y
esfuerzos públicos en detrimento de la capacidad y responsabilidad del Estado
de hacer efectivo el cumplimiento de derechos como la salud, la vida, la
seguridad, la justicia y el desarrollo”, explicó.
En
diferentes escenarios, nacionales e internacionales, el ombudsman hondureño ha
exhortado a sus colegas aglutinados en la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO) hacer efectiva la lucha
contra la corrupción y complementar la misma con un enfoque de derechos
humanos.
El defensor del pueblo es del criterio que se deben evaluar los casos de
corrupción que provocan violaciones de derechos de las personas o que
obstaculizan su pleno disfrute.
Recomendó
la urgente necesidad de complementar las
formas actuales de combatir la corrupción con un enfoque en derechos humanos.
Recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos realizó, en el 2013, una mesa redonda sobre las consecuencias negativas
de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos de las personas.
A
partir de enero del 2015, el CONADEH puso en marcha el Plan de Acción
“Vanguardia de la Dignidad Humana” que tiene entre sus líneas estratégicas la
“auditoria social” como instrumento de calidad para asegurar la rendición de
cuentas y la lucha contra la corrupción.
Herrera
Cáceres declaró que la corrupción es un fenómeno, nacional y transnacional, que priva a los habitantes del acceso igualitario a servicios
públicos eficientes y de calidad.
Además,
reduce las oportunidades de progreso social de los pueblos afectando con mayor
intensidad las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos y vulnerados de la
sociedad.
Señaló
que la corrupción también limita las
posibilidades para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la
exclusión social.
En
su informe anual 2014, el CONADEH establece que Honduras se encuentra en el
grupo de países con las más bajas coberturas en seguridad social, alcanzando a
la fecha un 16 por ciento de la misma.
Establece
que la crisis financiera generada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) por las irregularidades de la anterior administración deriva en la
violación del derecho a la salud.
Pese
a que Honduras cuenta con 1,716 establecimientos de salud, a más del 25% de la
población no llega esa cobertura por lo que se le vulnera ese derecho.
De
la población atendida, se estima que entre el 50-60% está cubierta por la
Secretaría de Salud, aproximadamente un 16% por el Instituto Hondureño de
Seguridad Social, y entre el 10-15% por el sector privado.
A
lo anterior se suma que al menos un millón
de hondureños no tienen acceso al agua potable y más de 1 millón y medio
carecen de servicio de saneamiento
básico.