Jueves 11 de junio de 2015 – 02:10 PM
Diputados opositores guatemaltecos estimaron este
jueves que la decisión de la justicia de dar trámite a una solicitud de
antejuicio contra el presidente Otto Pérez por corrupción es el inicio de un
proceso que llevará a la renuncia del mandatario.
"Este es el preludio de la salida del
presidente", señaló a la AFP el diputado Orlando Blanco, del partido
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata), al considerar que Pérez
no concluirá su mandato de cuatro años que finaliza en enero próximo.
"Yo creo que el presidente no se someterá a las
investigaciones de esta comisión pesquisidora porque sería someterse a un
escarnio público" y para evitar eso renunciaría a su cargo, opinó Blanco.
El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del partido
Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación
ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Sin embargo, Pérez rechazó este jueves las presiones
y aseguró a periodistas que no dejará el puesto, al tiempo que se desligó de
los escándalos.
"Yo estoy dispuesto a seguir con el debido
proceso (del antejuicio), pero voy a seguir trabajando hasta el último momento
para servirle al pueblo de Guatemala (...). Yo no tengo ninguna responsabilidad
y me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo",
señaló el gobernante.
Tras la decisión judicial, el Congreso debe ahora
conformar una comisión de cinco diputados que hará un informe sobre el caso,
que será sometido luego al pleno para que decida si levanta la inmunidad a
Pérez para someterlo a un proceso penal.
Según el congresista de Winaq, agrupación fundada
por la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Pérez
tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios revelados en abril y mayo
pasados en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos
funcionarios de de su gobierno.
- Tras los pasos de Baldetti -
El pasado 16 de abril la Fiscalía y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la
ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la
red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
La principal acusación recayó contra el ahora
prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana
Baldetti, quien se vio obligada a renunciar el 8 de mayo por este caso, debido
a supuestas menciones a su persona en conversaciones telefónicas interceptadas
a integrantes de la red.
Para Pop, el presidente guatemalteco lleva el mismo
camino de Baldetti, a quien también se le había iniciado una investigación
legislativa, pero dimitió antes de ser llamada a declarar.
"Yo pensaría que pasará similares
circunstancias a lo de la vicepresidente. Siento que si el presidente no llega
al Congreso es irreversible que se le retire la inmunidad y es casi
irreversible también que renuncie", dijo Pop a medios locales.
- Indignación nacional -
El último escándalo de corrupción en el gobierno de
Pérez quedó al descubierto el pasado 20 de mayo al ser arrestados el presidente
del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el presidente del Seguro
Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario.
Ambos fueron acusados de participar en la
adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 116 millones de quetzales
(unos 14,5 millones de dólares) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de
Guatemala para el servicio de diálisis peritoneal.
Los casos de corrupción provocaron la indignación de
millares de guatemaltecos que desde abril han protagonizado manifestaciones
masivas en la capital y en los principales centros urbanos del país para exigir
la renuncia de Pérez y su procesamiento por la justicia.
En Facebook y otras redes sociales grupos de
ciudadanos están convocando a una nueva protesta callejera para exigir la
salida de Pérez de la presidencia del país.
