Jueves 14 de mayo de 2015 – 11:00 AM
Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público de
Honduras, a la opinión pública nacional e internacional, con relación a
las manifestaciones hechas públicas en diferentes espacios informativos y redes
sociales sobre la supuesta ineficacia en la persecución penal con motivo de las
investigaciones que se siguen y han seguido en el denominado “Caso del Seguro
Social”, hace de su conocimiento:
Las máximas autoridades del Ministerio Público,
acompañados de un equipo técnico y científico altamente profesional, se
ocuparon desde el inicio de su gestión de fortalecer las capacidades de
investigación para el combate frontal a la corrupción, al crimen organizado y a
la delincuencia común pilares que constituyen los ejes básicos del Plan
Estratégico del Ministerio Público recientemente aprobado.
Consecuentes con las directrices al más alto nivel,
los fiscales del Ministerio Público no han cesado en su interés de investigar,
con objetividad, seriedad y responsabilidad, los hechos que, en relación al
caso que nos ocupa, se han denunciado. Dicho proceder fiscal se traduce a la
fecha, en la presentación de siete Requerimientos Fiscales y 38 personas con
Auto de Formal Procesamiento, siete de éstas, cumpliendo la medida de Prisión
Preventiva en Honduras más otras tres cuya libertad se encuentra restringida en
suelo extranjero específicamente en los Estados Unidos, Panamá y Chile. Dichas
acciones penales se hicieron efectivas por delitos como Lavado de Activos,
Fraude, Malversación de Caudales Públicos, Abuso de Autoridad, Violación a los
Deberes de los Funcionarios, Cohecho Doméstico, Transferencias Ilícitas de
Fondos de Pensiones, delitos que a la Luz de la Normativa Penal se castigan con
cárcel, con penas máximas de hasta 20 años de prisión por delitos como el
Lavado de Activos.
Así mismo, señalamos con propiedad, que por primera
vez en la historia institucional del Ministerio Público y de la nación, las
acciones emprendidas por los agentes de tribunales alcanzan la ruta para la
recuperación del patrimonio del Estado que ha sido seriamente afectado, no
puede desconocerse para el caso, las acciones de aseguramiento de bienes
y cuentas bancarias, solicitudes promovidas por el Ministerio Público
ante los juzgados competentes para la extinción definitiva del dominio sobre
bienes de origen ilícito entre otras acciones que incluso trascienden las
fronteras patrias a través de coordinaciones con los Estados Unidos, Panamá y
Chile.
Sólo en Estados Unidos, se aseguraron más de 25 bienes y en Honduras se
cuentan más de 30 de tal suerte que, no solo se han asegurado bienes de origen
ilícito a organizaciones criminales que durante las dos últimas décadas venían
operando en total impunidad, sino que además se ha aplicado esta normativa a
los casos de corrupción pública.
El proceder fiscal tiene un grado de efectividad y
eficacia procesal penal, ya que, en su gran mayoría en los procesos que han
sido incoados, los órganos jurisdiccionales han resuelto conforme a las
pretensiones acusatorias del Ministerio Público.
Particular atención merece, lo públicamente expuesto,
en razón de la existencia de cheques que habrían sido emitidos a nombre de un
instituto político, en este tema, el Ministerio Público aclara que las
sociedades mercantiles que emitieron estos y otros títulos valores han sido
objeto de investigaciones que llevaron a la presentación de requerimientos
penales, continuando aún las investigaciones abiertas y en curso en ese
sentido.
Las máximas autoridades del Ministerio Público
estamos convencidos de que los medios de comunicación son expresión del
carácter democrático de una nación y efectivamente constituyen una herramienta
de control social informal y por lo tanto su ejercicio es perfectamente
legítimo, como legítimo es el celo de los operadores de justicia,
particularmente de los fiscales, de no entorpecer el rumbo de las
investigaciones y a su vez evitar opiniones y declaraciones que coloquen en
precario la eficacia y efectividad de la persecución penal en este y en todos
los casos que son del conocimiento de las fiscalías, y en consecuencia,
debilitar la representación de los intereses generales de la sociedad cuando
éstos son vulnerados.
Finalmente, solicitamos al pueblo hondureño tener la
plena confianza que el Ministerio Público continuará actuando beligerantemente,
siempre mediante acciones puntuales que demuestren nuestro compromiso real y
serio en la lucha contra la impunidad. Garantizamos seguir dando respuestas en
la medida que las investigaciones avancen, salvaguardando siempre el respeto
por el debido proceso, la legalidad y la objetividad, principios básicos
que rigen la actuación del Ministerio Público.
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