Sábado 11
de abril de 2015 – 03:00 PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera
Cáceres, aseguró hoy que la vulneración de los derechos humanos aumentó en los
últimos años en Honduras debido a factores incidentales como la delincuencia, la corrupción, el
crimen organizado y la impunidad.
Declaró
que las causas estructurales que, en la última etapa del siglo pasado,
provocaron inestabilidad social, ingobernabilidad y otros efectos negativos en
otros países de Centroamérica, hoy, también se manifiestan ampliamente, en
Honduras, con diferentes expresiones de violencia social.
Lo
anterior, según el ombudsman hondureño, está asociado a la presencia histórica
persistente de la suma de ingredientes políticos, económicos, sociales,
culturales que han determinado y mantienen la situación de pobreza,
discriminación e injusticia social, en la cual vive la mayoría de la población,
en Honduras.
Agregó
que esa situación testimonia la violación sistemática, a lo largo del tiempo,
de los derechos humanos de las personas y del pueblo, con énfasis mayor en
grupos o sectores desfavorecidos o vulnerables.
Reiteró
que la vulneración de derechos en particular contra la vida, la integridad
física, salud, seguridad, trabajo, opinión y libre expresión del pensamiento,
aumentó debido a una serie de factores incidentales entre los que mencionó la
delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
De
ahí surge, dijo Herrera Cáceres, el
contrasentido con la razón de ser de la sociedad y del Estado y la
institucionalidad correspondiente, cuyo propósito se declara jurídicamente ser
el de protección, respeto, y cumplimiento de los derechos humanos de todos los
habitantes, sin discriminación.
Comentó
que ese contraste, entre lo que debería ser Honduras como Estado democrático y
social de derecho y la realidad sociológica de las condiciones de vida del
pueblo, facilita constatar que, en
general, los sucesivos gobiernos no siguieron ininterrumpidamente el cauce
democrático constitucional conducente a proteger y promover la dignidad humana
de los habitantes.
Además,
cuestionó la pasividad e indiferencia de la población ante esos comportamientos
de los servidores públicos, y falta de
participación activa de la sociedad para contribuir con su propio
bienestar colectivo.
En
el 2014, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos atendió 12,068
denuncias y quejas de la población de
las cuales en 9,889 hubo restitución de derechos a las víctimas.
Según
el defensor del pueblo esa situación plantea lo impostergable que es superar
los aspectos negativos del pasado, uniendo y potenciando los aspectos positivos
del presente y abriendo una nueva etapa de transformación social progresiva,
utilizando como medio el cumplimiento, respeto y promoción de los derechos
humanos, en su convergencia única en la dignidad de todos los habitantes.
“Es
necesario que trabajemos unidos en el fomento de una cultura democrática
mediante la educación en derechos humanos que debe abarcar la paz, la
democracia, el desarrollo y la justicia social” declaró.
Indicó
que oportunamente formuló recomendaciones al gobierno, en esa dirección,
buscando favorecer el pleno desarrollo
de la personalidad humana, del sentido de su dignidad y su aporte a la
construcción de una sociedad libre donde prevalezca la no violencia, el
diálogo, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.
Expresó
que en el país hay un al clima generalizado de desconfianza hacia la
institucionalidad pública, sin embargo, en lo que respecta a la vigencia efectiva
de derechos humanos se percibe el inicio
de tiempos diferentes que animan fe y expectativas de cambios positivos en aras
de garantizar el goce y protección efectiva de los derechos humanos
de la población.
Añadió
que eso plantea, a la institucionalidad del Estado, la necesidad imperativa de
una respuesta categórica de subordinación y acatamiento debido al imperio de la
Constitución y de actuar acorde con el propósito democrático, constitucional o
legal, para el cual las instituciones fueron creadas.
De
igual manera, recomendó a la sociedad, subordinarse al imperio del derecho,
participar activamente para robustecer la democracia y apoyar la creación y aprovechamiento de
posibilidades ciertas para su desarrollo y bienestar.
En
otras palabras, comentó Herrera Cáceres, toda la institucionalidad pública, al
ejercer sus atribuciones y funciones debe favorecer el respeto y protección de
la dignidad de la persona humana.
“Esa
es la característica de la buena gobernanza del Estado y del perfeccionamiento
democrático de la sociedad”, apuntó.
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