Viernes
17 de abril de 2015 – 08:00 PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un informe que
evidencia el otorgamiento injustificado de licencias y el pago irregular de
salarios a un docente del sistema educativo público.
El
ente contralor del Estado emitió el informe No 02/2015-DPC-DCSD relativo a la
investigación de una denuncia que se recibió, registrada con No 0804-13-194.
La
investigación especial se verificó en la escuela Manuel Bonilla, ubicada en el
caserío Tapope de la aldea El Portillo de San Juan Bosco, municipio de Curaren,
Francisco Morazán.
En
la denuncia se aseveró que el señor Erik Leonel Mejía Ramos docente de la
Escuela Manuel Bonilla, no se presentó a cumplir con sus labores desde el 2010
al 2013; aduciendo que tenía licencia con y sin goce de sueldo.
El
TSC condujo una investigación especial concluyendo que Mejía Ramos fue nombrado
en el cargo de Maestro Auxiliar de la Escuela Manuel Bonilla mediante Acuerdo
N° 3700-D.D.EFM-2007, con vigencia a partir del 01 de junio de 2007.
Al
docente Mejía Ramos se le otorgó nueve licencias, cinco por enfermedad con goce
de sueldo y cuatro sin goce por asuntos particulares, sin evidencia que
justifique las mismas.
Se
le aprobó licencias por enfermedad, sin embargo, durante la incapacidad se
dedicó a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
“El
docente Mejía Ramos, efectivamente no cumplió con la jornada de trabajo
establecida en su acuerdo de nombramiento, no se encontró registro de
asistencia en algunos periodos tal como se confirma en constancia emitida por
la directora del centro educativo”, cita el TSC en su informe.
El
hecho descrito en el presente Informe ocasionó un perjuicio económico al
patrimonio del Estado por la cantidad de 427,205.80 lempiras.
El
TSC se basó en la documentación proporcionada por la Dirección Departamental de
Educación de Francisco Morazán y la Escuela Manuel Bonilla, durante el proceso
de investigación.
El
TSC emitirá los pliegos de responsabilidad a funcionarios y empleados de
Educación, a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.
En
aras del debido proceso, como el derecho de defensa, los que aparezcan
señalados con responsabilidades podrán impugnar el informe
notificado el pasado dos de marzo, en un plazo de 30 días hábiles.
El
presente informe fue subido a la página web del TSC, donde se podrá obtener
mayor información.
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