Martes
15 de abril de 2015 – 03:10 PM
Séame
permitido unas palabras especiales para saludar la presencia del ciudadano Presidente
de la República, del ciudadano Presidente del Congreso Nacional y del ciudadano
representante del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presencia que
apreciamos como un reiterado testimonio vivo de su compromiso con el ejercicio
de la forma de Gobierno hacia el propósito supremo del Estado que es el de
respetar, proteger y promover la dignidad humana de todas y todos los
habitantes de Honduras. Propósito que, al Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, la Constitución de la República le ordena garantizar.
En
atención a ese fin superior de los Estados democráticos de Derecho, aprovecho
para hacer un reconocimiento a la noble tarea de las y los Ombudsman en
iberoamericanos representados por su Presidente y, con ello, reiterar asimismo
el honor para Honduras y su Comisionado Nacional de recibirlo, al igual que al
Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos,
a cuya Presidencia he tenido el honor de ser electo.
Elección
que hoy se ha querido solemnizar con la entrega del Bastón de mando que, en
evocación y homenaje a las culturas de nuestros pueblos originarios o indígenas,
he recibido como símbolo de poder colectivo moral, justicia, rectitud, continuidad,
diálogo y solidaridad que representa y debe caracterizar mi presidencia; y como
compromiso de apoyo mutuo para avanzar progresivamente por la ruta de la
protección, tutela y promoción de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los pueblos de Centroamérica.
Hoy
ratificamos, con énfasis renovado, ese compromiso que guiará el funcionamiento
del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos
Humanos, para atender las perspectivas de transformación social, aún pendientes
de materialización, que a los pueblos se abrió con la creación del Sistema de
la Integración Centroamericana: como proceso global de integración regional,
con caracterización profundamente humanitaria, para resguardar la paz, la
libertad, la democracia, la equidad y la justicia social, promoviendo la
seguridad, el desarrollo sostenible integral y el bienestar de toda la gente.
Esas
perspectivas transformadoras están reflejadas expresamente en el Protocolo de
Tegucigalpa que, en 1991, institucionalizó el Sistema de la Integración
Centroamericana. Hecho histórico que es calificado como la culminación jurídica
del proceso de concordancia, entre pueblos y gobiernos de Centroamérica, para
democratizar la región y poner fin a la violencia social con medios de
respuesta a las causas estructurales que la provocan y de prevención para
evitar su repetición.
Así,
los ocho Estados que conforman el SICA tienen hoy las responsabilidades,
señaladas en ese tratado internacional y los que lo complementan, de cumplir
con la esencia, base y propósito fundamental del Sistema de la Integración
Centroamericana que son: proteger, respetar y promover los derechos humanos de
las y los habitantes; y convertir a Centroamérica en Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo con un nuevo modelo integral sostenible de desarrollo y
de seguridad democrática, fundamentado en el respeto a la dignidad de las personas y orientado al
mejoramiento progresivo de la calidad de vida y de trabajo de los pueblos de
los Estados miembros.
En
atención a esas aperturas democráticas en la región y para contribuir a
asegurar el cumplimiento de las expectativas generadas, en los pueblos, por las
responsabilidades asumidas por los Estados: en 1994, se constituyó el Consejo
Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos.
Es
decir que, el Consejo Centroamericano, fue fundado tres años después de haberse
diseñado y adoptado el Protocolo de Tegucigalpa que instituyó al SICA; lo que
aclara el motivo por el cual no fue incluido entre los órganos originales del
Sistema de la Integración Centroamericana. Lo que hoy si se revela como una
necesidad.
Para
atenderla, en el lapso transcurrido se ha dado ciertos pasos. Con la noticia de
su creación y buen funcionamiento, y en dirección a examinar la forma de
incorporar, al Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos,
entre los órganos principales e independientes: en 1996, en mi mandato como
primer Secretario General del SICA, invité al Consejo Centroamericano a iniciar
un proceso de diálogo, en San Salvador. Ese diálogo inicial se realizó pero el proceso
formal de participación aún está inconcluso.
En
el 2014, acompañado por el Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos de
El Salvador, visité la Secretaría General del SICA para auscultar sobre dicho
proceso y encontramos interés coincidente en impulsarlo.
Por
lo anterior, con el respeto debido, a la Reunión de Presidentes y Jefes de
Estado de los Estados miembros del SICA, recomendamos verificar la importancia
democrática de vincular las actuaciones de los órganos superiores de la
integración centroamericana, al accionar del Consejo Centroamericano de
Procuradores y Procuradoras de derechos Humanos como órgano de garantía del
cumplimiento de los principios y propósitos humanitarios fundamentales a que
obedece la creación del Sistema de la Integración Centroamericana.
En
el mismo sentido, reiteramos también las recomendaciones que, desde el año
pasado, hemos venido expresando sobre la prevención y atención de los flujos
migratorios forzados de centroamericanas y centroamericanos a otros países; así
como el apoyo al PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE, a
cuyo respecto hemos planteado, a los gobiernos y a los pueblos
centroamericanos, la pertinencia de incluir expresamente a las instituciones
nacionales de derechos humanos en la supervisión del cumplimiento debido de ese
Plan para garantizar el logro de su objetivo primordial que es crear
condiciones de vida y trabajo con dignidad y de posibilidades de progreso
social.
En
todo caso, en el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de
Derechos Humanos continuaremos vitalizando nuestro quehacer de proteger y promover
los derechos humanos en el ámbito subregional, buscando edificar un sistema
centroamericano de protección de los derechos humanos, debidamente articulado
con el sistema interamericano y el universal.
Ello
debe ser así, porque las instituciones nacionales de derechos humanos y su
organización colectiva son reconocidas universalmente por su técnica garantista
en beneficio de la calidad de vida de los pueblos; y por su independencia que
fundamenta su imparcialidad y credibilidad, en su misión humanitaria de
proteger y defender la dignidad humana. Ello las mantiene asociadas al impulso
constante del bienestar progresivo de sus respectivos pueblos, del centroamericano,
del iberoamericano y de los del universo
entero.
Asumo
la presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de
Derechos Humanos para facilitar, entre otras, esas líneas de acción, así como
el desarrollo de temas ya abordados inicialmente, con gran sabiduría, por el
Consejo desde 1994 hasta el 2013 como derechos humanos de los y las migrantes,
grupos o sectores vulnerados, trata de personas, violencia doméstica, derecho a
la alimentación; y otras cuestiones actuales como el derecho humano al agua, la
vulneración de derechos humanos de las personas y los pueblos por efecto de la
violencia, el crimen organizado y la corrupción; y la independencia y el papel
del defensor del pueblo en los tiempos actuales y como garantía del Estado democrático
y social de Derecho.
En
fin, continuaremos vigorizando nuestra autoridad moral o magistratura de
opinión a nivel regional para atender necesidades de vida digna y trabajo
decente para las y los habitantes de Centroamérica, quienes donde se
encuentren, además de recurrir a sus correspondientes instituciones nacionales,
podrán gozar de la atención y del cuidado solícito del Consejo Centroamericano
de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos.
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