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Dictan medidas cautelares a favor Martha Ligia y sus cinco hijos en Honduras

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Viernes 10 de abril de 2015 – 11:00 PM

Tegucigalpa, Honduras - La CIDH dictó medidas cautelares a favor de la activista y defensora de los derechos humanos en Honduras Martha Ligia Arnold y sus cinco hijos, al considerar que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo, según un comunicado publicado hoy.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que estas seis personas se encontrarían en riesgo a causa de las actividades de Arnold como defensora de los derechos humanos en la zona del Bajo Aguán (Honduras).

"Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que Martha Ligia Arnold Dubond y sus cinco hijos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo", indicó la CIDH.

Por ello, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Martha Ligia Arnold y sus cinco hijos, así como las medidas necesarias para que esta pueda desarrollar sus actividades "sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones".

Además, la CIDH pidió al Estado hondureño que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Martha Ligia Arnold es una defensora de los derechos humanos en el Bajo Aguán, una zona que vive inmersa en un conflicto por las tierras entre campesinos y terratenientes en el que, según la información facilitada a la CIDH, habrían sido asesinadas desde 2009 104 personas y otras 6 habrían desaparecido.

Arnold centra sus tareas en acompañar y defender a los campesinos que han sido detenidos, en denunciar públicamente las presuntas violaciones de derechos humanos que se viven en la zona, en denunciar actos de violencia sexual y en fiscalizar las actuaciones de las autoridades públicas. EFE

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