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CN aprueba por unanimidad ley dirigida a proteger la vida de periodistas, abogados y defensores de DDHH

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Miércoles 15 de abril de 2015 – 08:30 PM

Tegucigalpa, Honduras - En medio de un sonoro aplauso, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad este miércoles en tercer y último debate los 70 artículos la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con una gran participación en el debate de los diputados de todas las bancadas que la ratificaron por una gran mayoría.

El proyecto fue ampliamente consensuado con todos los sectores afectados con la ley por lo que la comisión dictaminadora ha hecho un buen trabajo y ahora el dictamen está en manos de todos los diputados que han tenido la oportunidad de estudiarlo bien.

Particularidades de la ley
En la sesión de este miércoles, una parte del articulado se refiere a los convenios de cooperación y asistencia técnica y financiera internacionales y de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos para fortalecer las instancias creadas mediante la ley así como a la Secretaría de Seguridad.

También se refiere a la información reservada que se contempla en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los protocolos y reglamentos y el financiamiento del Sistema Nacional de Protección que incluye a los grupos en situación de vulnerabilidad.

En el artículo 68 se crea un fondo especial para protección proveniente de los fondos de la Tasa de Seguridad.
Asimismo, se aprobó el artículo 18, que había quedado en suspenso y que se refiere a la alerta temprana cuando esté en peligro un defensor de derechos humanos, un periodista, comunicador social u operador de justicia así como grupos en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, se introdujo un artículo transitorio que tiene que ver con la representación de las asociaciones de jueces y magistrados y la inclusión en la protección de fotógrafos y camarógrafos.
El dictamen original fue sustituido por uno nuevo ya que el primer proyecto se tenía que modificar 53 artículos y se tornaba muy tedioso ir cambiando artículo por artículo.
Según el presidente de la comisión dictaminadora, Yuri Sabas destacó que es un tema que no se debe politizar por ni por la derecha ni por la izquierda por lo tanto el factor ideológico en esta ley no cabe.

La propuesta tiene una particularidad porque los mismos periodistas serán parte de la solución, al contar con un representante en el ente consultivo y que será vigilante que se presten las medidas de protección, junto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La implementación de esta ley estará fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.

En el estamento, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.

En el decreto se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

El consejo estará integrado por una persona representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras, cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.

Asimismo, se crean nuevas medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Se crea también la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, que recibirá las denuncias de riesgo que se promuevan directamente ante la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y tramitarla de conformidad con esta ley.

Las personas beneficiarias en la ley que se consideren víctimas de una situación de riesgo podrán denunciarlo ante cualquier autoridad competente. Dicha autoridad podrá diferir el caso ante la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para que resuelvan lo pertinente.

La Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales podrá implementar medidas preventivas, de protección y medidas urgentes de protección, entre otras.

En casos de peligro grave o inminente, se podrá asignar equipo celular, radio o telefonía satelital, cámaras de video, cerraduras, luces y otras, en el lugar de trabajo o de residencia.

Además, chalecos antibalas, detector de metales, asignación de protección policial personal, de inmuebles y las necesarias para salvaguardar la vida.
En casos extremos, la instancia mencionada podrá determinar la evacuación inmediata, reubicación dentro o fuera de Honduras, ya sea definitiva o temporal, entre otras medidas.

Sobre el tema presupuestario, el diputado Yuri Sabas, explicó que en el Presupuesto General de la República de 2015, se asignó una partida a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a fin de hacer funcional la ley.

Al final, la presidenta en funciones, Lena Gutiérrez, felicitó a los diputados, a los miembros de la comisión dictaminadora, comisión de estilo y las organizaciones que acompañaron el proyecto y cuyos aportes quedaron plasmados en la ley.

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